La sucesión presidencial para el año 2024 está ya a todo vapor. Ya se han puesto sobre la mesa renuncias y licencias de quienes aspiran la relevar en la primera magistratura de la nación al presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que, seguramente, no habrá sorpresas pese a la reiterada declaración de éste que será el pueblo quien elija. Sin embargo, la efervescencia política tiene mucho que empezó. Hay por doquier bardas, espectaculares, anuncios en camiones y en todo espacio que se preste para plasmar la simpatía hacia las llamadas “corcholatas” –como les llamó el mismo AMLO-, en una parafernalia que ha contaminado por completo el ambiente visual de los Valles Centrales y diversas regiones de la entidad. Ya no solamente se publicita que “Es Claudia”, sino que el bueno “Es Adán Augusto” o el ex canciller Marcelo Ebrard.
En un abierto desafío a la Ley Federal de Procedimientos Político Electorales, ha sido el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quien ha desoído los llamados del Instituto Nacional Electoral (INE) y del máximo órgano jurisdiccional, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Dichas precampañas, que se han desatado sin ser los tiempos que marca la norma, marcan de principio a fin lo que debería ser una disputa política en un plano de igualdad y legalidad. Hace al menos un mes, durante la visita de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum a Juchitán y Huatulco, la “cargada” de funcionarios y servidores públicos causó escozor hasta en la misma presidencia de México, que recomendó prudencia y no disponer de recursos públicos para publicitar a determinado aspirante. Empero, AMLO supone que todos son tiempos políticos, todo lo que favorezca a su partido.
Pero esa faramalla sucesoria no se refiere sólo a los aspirantes a la presidencia del país, con su cauda de seguidores y fanáticos sino también en las aspiraciones de nuestra casta política que hoy despacha en diversos espacios del gabinete de Salomón Jara. La mayoría ya se publicita hasta en actos públicos, no solamente en la capital sino en todo el estado. Es decir, en abierta violación a la legislación electoral, los actos anticipados de campaña están a todo vapor, además, en franco reto a los órganos electorales y frente a una sociedad que ha mostrado ya su hartazgo de los partidos políticos, como quedó demostrado recientemente en el Estado de México y Coahuila, con un abstencionismo mayor al 50%.
No más privilegios
Desde el pasado 15 de mayo, en que empezaron las hostilidades del llamado Cártel 22, con sus consabidos mecanismos de chantaje y presión que lo identifican a lo largo de la historia, hemos sido recurrentes en un tema: el gobierno de Salomón Jara no debe otorgar más prebendas y privilegios a este gremio, que se ha caracterizado por estar perpetuamente insatisfecho. Hoy se les dan tales o cuales concesiones, mañana vienen por más. Incluso se dice que haber develado que al anterior Comité Ejecutivo Seccional se le otorgaban en el pasado 20 millones de pesos para la celebración de su Guelaguetza popular fue un error, habida cuenta que despertó la ambición monetaria de la directiva actual. Porque no es un secreto que, de las exigencias del citado gremio magisterial al gobierno, más del 50 por ciento son de carácter económico, el resto de perfil político que, nada tienen que ver con la docencia, el proceso enseñanza-aprendizaje, mucho menos para abatir el rezago educativo o mejorar la calidad de la educación.
Un análisis de su pliego de peticiones dará cuenta de que hay muchas demandas que rebasan la capacidad del gobierno estatal y que son refritos que la S-22 o Cártel 22 viene arrastrando desde hace años. Parece realmente ocioso que se tenga que instalar una mesa de trabajo con autoridades del ramo de justicia para analizar la culpabilidad de gobiernos anteriores en los hechos de Asunción Nochixtlán, ocurridos el 19 de junio de 2016. O la defensa a ultranza del llamado Comité de Víctimas (Covic), que se convirtió en un vertedero de intereses políticos, económicos y hasta criminales que la dirigente Jenny Aracely Pérez Martínez, quiere capitalizar, en un afán de reivindicar la llamada lucha social que nada tiene que ver con las responsabilidades docentes que por ley le competen.
En pocas palabras, convertirse en el ajonjolí de todos los moles, abanderando causas perdidas o carpetas ya juzgadas, como es el caso del movimiento político y social del 2006, cuya víctima principal fue la sociedad oaxaqueña, ni el gobierno de Ulises Ruiz ni las supuestas víctimas de la tristemente célebre Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO). Hay en ello una visión torcida de asumirse la víctima perpetua sin reparar en el daño a terceros. He ahí por qué el movimiento magisterial perdió su base social de apoyo. Su sola mención produce aversión, escozor y repudio en sus métodos “de lucha”.
