El pasado viernes 10 de marzo se cumplieron los primeros cien días del gobierno de Salomón Jara. Sin embargo, es un lapso de tiempo que sí permite a quien gobierna, al menos hacer un balance de la situación económica, política y administrativa que se encontró y las líneas sobre las que caminará su administración para superar resabios y emprender proyectos. El truco mediático de hacer responsable de todos los males al gobierno pasado, en una copia de las sofocantes mañaneras en el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, ya no cuaja en la conciencia colectiva. Sólo alienta el morbo. Será más importante para la ciudadanía saber las acciones concretas que se habrán de instrumentar en algunos rubros. El ejecutivo estatal ha insistido en que las prácticas corruptas no habrán de quedar impunes. Y que el robo al pueblo debe ser castigado.
Uno de los temas más que evidentes, pues está a la vista de todos, es el de las obras malhechas o a medias, que dejó la administración pasada. Las de Símbolos Patrios, el Centro Cultural Álvaro Carrillo”, el Circuito Interior y el Centro de Convenciones de Huatulco, por mencionar sólo cuatro. No se ve en el horizonte que se proceda penal o administrativamente en contra de quienes se presume son responsables de una entrega al pueblo de Oaxaca, a sabiendas que no estaban concluidas. Mientras, la actual administración sigue sin atender los desperfectos, dejando las citadas obras al deterioro del tiempo, como si fueran monumentos a la corrupción.
Un proyecto más que fue algo así como un barril sin fondo, es el del llamado CITYBUS, que inició en los dos últimos años del gobierno de Gabino Cué, fue reactivado en el último tercio del régimen de Alejandro Murat y, en plena transición con el actual régimen fue suspendido el servicio que ya prestaban sus unidades. Un ejemplo burdo del dispendio, del saqueo y de haber erogado más de mil millones de pesos, están en los autobuses deteriorándose en un encierro; de paradas destruidas por el vandalismo o terminales abandonadas. Pero no todo han sido omisiones o falta de la palabra cumplida. Justo en la víspera de los cien días se emprendieron acciones enérgicas en contra del llamado “Cártel del Despojo”. La pregunta es: ¿se procederá conforme a la ley en contra de todos los presuntos responsables o nos seguiremos conformando sólo con el linchamiento mediático que, a un año de haberse destapado esa vieja alcantarilla, ha creado en algunos de dicha banda delictiva una especie de coraza de blindaje?
Castigo a vandalismo
El catálogo de afectaciones a 56 inmuebles de bancos, edificios gubernamentales, domicilios privados, hoteles, restaurantes, escuelas, bibliotecas, galerías de artes y monumentos coloniales, aprovechando la celebración del Día Internacional de la Mujer, obliga a gobierno y legislatura a pronunciarse respecto a los límites de tolerancia que debe haber en una sociedad ya de por sí lacerada por la violencia. Acciones como éstas para reclamar la atención a demandas justas como los feminicidios, la desaparición forzada de mujeres, la violencia intrafamiliar y todo aquello que la mujer actual demanda y que ha concitado el apoyo generalizado de la ciudadanía, se desacreditan.
Hay organismos civiles que han emprendido una cruzada para buscar a sus hijas desaparecidas o presionan a las autoridades que administran y procuran justicia, para dar con los responsables de sus hijas o madres asesinadas. Nada que ver con los bloques negros u olas verdes que en su afán de destrucción sin ton ni son, desprestigian y hacen que la sociedad descalifique a quienes sí tienen una lucha genuina a favor de la causa de las mujeres. Es patética la imagen de deterioro y anarquía que queda en la ciudad, plasmada en las viejas canteras de los siglos XVI o XVII, con nombres escritos en tinta indeleble del grafiti, que hace presumir que a dichas manifestaciones concurren entes particulares que aprovechan una lucha colectiva para cobrar agravios personales.
Muchas voces se han escuchado en diversos foros para exigir respeto a nuestro Patrimonio Histórico; para ese legado de siglos en los que hemos sido depositarios irresponsables, porque desde hace años han servido como lienzos pétreos de consignas y frustraciones personales. Ya hemos comentado aquí que desde 1942, la ciudad de Oaxaca fue catalogada como lugar de sitios y monumentos históricos; que, en 1976, dicho reconocimiento se hizo por decreto y que en 1987 fue catalogada por la UNESCO, como “Patrimonio Cultural de la Humanidad”. Hay elementos suficientes pues, para que el Congreso del estado deje a un lado su postura condescendiente de aprobar decretos e iniciativas de moda, como la famosa Ley de Revocación de Mandato o la de Austeridad Republicana, que ya veremos quién cumple y apruebe el andamiaje jurídico para proteger nuestro patrimonio histórico de la destrucción y, particularmente del vandalismo, provenga de donde provenga.
