Los tiempos políticos han traído consigo una abominable manipulación que, por las afectaciones que producen a la sociedad, tiene que ser denunciada. Es el caso de un grupo de productores de sorgo del Istmo de Tehuantepec, que exigen con bloqueos carreteros, el pago de indemnizaciones que presuntamente no les han sido liquidadas. No es la primera vez que recurren a este manido método de presión. Lo han hecho en otras ocasiones, salvo que ahora se observa con nitidez quiénes están detrás manejando política y electoralmente el conflicto. En un comunicado emitido el pasado martes, un membrete denominado Frente Único de Comunidades de Oaxaca (FUCO), que lidera el presidente municipal de San Blas Atempa, Antonino Morales Toledo, quien tiene una trayectoria cuestionable, asumió la defensa de los agricultores, tratando de hacerlo suyo, aunque quien ha dado la cara es Vilma Martínez, presidenta municipal de Tehuantepec.
La manipulación no es un tema menor. El FUCO aglutina a una decena de presidentes municipales de la región istmeña, emanados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el cual está vinculado a los afanes futuristas del senador Salomón Jara Cruz, en su propósito de cuajar la candidatura del gobierno estatal. Es evidente pues, los bloqueos que se han dado durante toda la semana anterior, han estado manejados con un abierto propósito político e intento de desestabilizar la paz social y la gobernabilidad. Lo grave de todo ello es que, en este afán, afectan a miles de transportistas, pasajeros, automovilistas y en general, frena la vida económica de toda la región y del estado. Es el caso del bloqueo en la Carretera Huatulco-Salina Cruz a la altura de El Morro, que ocasionó severos contratiempos a los pocos turistas que llegaron en este puente largo.
Otro de los ejemplos de manipulación fue la movilización de un grupo menor de normalistas, presuntamente del Centro Regional de Educación Normal de Oaxaca (CRENO), con sus consiguientes secuestros de autobuses, bloqueos carreteros y en cruceros urbanos. Según fuentes de los inconformes, el diputado federal, Azael Santiago Chepi, les ha ofrecido el oro y el moro para que logren su plaza docente. Es más, se ha obligado a asistir a todos los que están exigiendo dicha demanda. Lo dicho pues, los tiempos políticos han hecho que algunos actores vinculados a Morena, estén desatados generando visos de ingobernabilidad y amenazas a la paz social.
Un oficio de riesgo
El pasado martes 3 de noviembre, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) emitió un enérgico llamado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, para exigirle la investigación y castigo a los criminales que segaron la vida del periodista, Arturo Alba Medina, el noveno que ha sido asesinado este año en México. La SIP exhortó al gobierno mexicano a investigar estos crímenes en forma diligente y profunda, para identificar a sus responsables y presentarlos ante la justicia. Alba Medina, de 49 años, conductor del noticiero nocturno del Canal 6 de Multimedios en Ciudad Juárez, Chihuahua, fue asesinado el 29 de octubre a pocos minutos de dejar su puesto de trabajo. Fue interceptado por un grupo de desconocidos que dispararon 11 veces contra su vehículo. Según medios locales, Alba Medina solía hacer referencia en su noticiero a temas sobre inseguridad, violencia y corrupción. También era portavoz del Instituto Tecnológico en Ciudad Juárez.
El referido organismo no gubernamental, con gran ascendencia entre los medios impresos de América Latina y los Estados Unidos, a través de sus representantes, repudiaron la persistente violencia contra periodistas en México, por lo que instaron al Estado mexicano a cumplir con su responsabilidad de identificar en tiempo y forma a todos los responsables y aplicar las sanciones que correspondan ante este grave delito, pero sobre todo, garantizar el libre ejercicio del trabajo de los medios de comunicación y quienes laboramos en ellos. Según la Comisión de Libertad de Prensa e Información del citado organismo, el reciente asesinato y los más de 100 ocurridos desde 1987 en el país y todavía impunes, lamentablemente siguen demostrando que México es uno de los países más peligrosos del mundo para el ejercicio del periodismo.
En su comunicado, la SIP reconoce que, si bien este año fueron sentenciados los autores materiales por los asesinatos en 2017 de los periodistas Javier Valdez y Miroslava Breach, habrá sólo justicia parcial mientras no sean juzgados los instigadores. “Exigimos justicia total también en este nuevo crimen” –sostuvo el organismo continental-. Y es que, como hemos comentado ya en este espacio editorial, las descalificaciones y campañas de odio alentadas desde las conferencias mañaneras del presidente de México, han creado un clima permanente de linchamiento a quienes ejercemos este oficio, hoy en día, calificado como el de mayor riesgo en el país.
