El proceso que se sigue al ex titular de la Secretaría de Salud, Germán Tenorio, es sólo la punta de una enredada madeja que las autoridades deben desenredar. Es, en otros términos, la punta del iceberg de todos los manejos turbios que se dieron durante el mal llamado gobierno del cambio, que encabezó Gabino Cué Monteagudo, y en el cual figuran personajes con vínculos familiares.
Una de las áreas en donde se dio el peor tráfico de influencias, favoritismo y peculado fue en la Secretaría de Infraestructura y Ordenamiento Territorial Sustentable (SINFRA), que estuvo entonces a cargo de Netzahualcóyotl Salvatierra López, quien había sido antes del cargo, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIM), sin embargo, ya al frente de la dependencia, prácticamente llevó a la quiebra a la industria local de los constructores, pues sólo se benefició a una decena de empresas foráneas, a las cuales se les otorgó cerca del 90 por ciento de la obra pública. Salvatierra salió del gobierno cuando el ex gobernador ya no toleró la impresionante ola de cuestionamientos en torno a la corrupción que se dio en la dependencia. Presumimos que sería el segundo indiciado en pisar la prisión de integrarse debidamente las carpetas de investigación que lleva a cabo la Fiscalía General, con datos aportados por la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.
De manera reiterada hemos insistido en este tema. El impresionante saqueo que se dio en el gobierno anterior no debe quedar impune. Es necesario que el gobierno de Alejandro Murat imponga castigo ejemplar, de conformidad a las disposiciones vigentes en el aparato de justicia y al debido proceso. Haber dejado el erario público prácticamente en ceros, sin los recursos necesarios para poder arrancar la nueva administración; el sistema de salud colapsado; un adeudo millonario con cientos de proveedores que materialmente desfondaron la economía local, entre otras cosas, no merece más que sanciones severas y procesos resarcitorios.
Es ofensivo para el pueblo oaxaqueño que a un sujeto, el antiguo virrey, Jorge Castillo Díaz, se le hayan descubierto cuentas bancarias por 7 mil millones de pesos. Por más protegido que esté; por más cobertura legal que exista, el dinero mal habido y saqueado de los recursos estatales, debe ser reintegrado. No es con sanciones irrisorias, inhabilitaciones o prisiones preventivas como se puede resarcir el daño tan grave que se infligió al gobierno y al pueblo oaxaqueño.
Cotidiano caos vial
La ciudad de Oaxaca arrastra desde hace años uno de los sistemas de transporte más obsoletos y contaminantes. Nadie se explica el por qué no se les ha puesto un algo a los concesionarios de miles de pequeñas unidades, conocidas como taxis foráneos, para evitar que ingresen a la ciudad y hagan de algunos espacios urbanos, como es el Periférico o las calles aledañas a la Central Camionera de Segunda Clase o el Mercados de Abasto, su propiedad. En efecto, nadie puede circular por ahí libremente, salvo hacerse acreedor de amenazas, golpes o insultos. Esos miles de unidades entran y salen con la misma velocidad, hacia o desde el Valle de Etla, de Tlacolula, Ocotlán, Zimatlán, Ejutla, Miahuatlán, los Mixes, etc.
Desde muy temprano circulan por el casco urbano, en donde presuntamente tienen prohibido hacerlo, de igual manera levantan pasaje, haciendo una competencia desleal a los sitios y concesionarios del servicio urbano. En la periferia de la capital y algunas agencias conurbadas como Donají, Dolores y otras, se han contaminado asimismo con moto-taxis. Hay opiniones muy respetables que afirman que el llamado Sistema Integral de Transporte (SIT), que se puso andar a medias en el gobierno pasado, podría haber representado una alternativa viable para resolver nuestra compleja y contaminada vialidad.
Sin embargo, todo apunta a que dicho proyecto está suspendido o en espera de mejor futuro, sin importar los cientos de millones de pesos y las molestias a la ciudadanía. Hay asimismo opiniones en el sentido de cambiar esa plaga de taxis foráneos por otras alternativas modernas de movilidad.
Los pueblos del Valle de Etla y más alejados aún como Telixtlahuaca, Huitzo, Suchilquitongo, al igual que los de Zimatlán, Zaachila, Tlacolula y Ocotlán, como La Trinidad, Roaló, Taviche y otros, extrañan la desaparición del tren, en donde se movían con calma, a precios accesibles y con seguridad, no en ataúdes rodantes, inseguros y frágiles como los taxis de que hablamos. Sorprende que gobiernos vayan y vengan sin que ninguno tenga la problemática del transporte entre sus prioridades. Oaxaca requiere de un transporte digno, decoroso, a bajo costo. Pero para explorar otras alternativas hay que eliminar concesiones y mafias que se han apropiado prácticamente de todo lo que huela a transporte de pasajeros.
