Hace exactamente una semana, durante su encuentro con los medios de comunicación, el gobernador Salomón Jara Cruz anunció la creación y el modelo de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado de Oaxaca, que será un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio sectorizado a la Secretaría de Finanzas. Detalló que tendrá la encomienda de llevar a cabo la investigación y acopio de información en materia de prevención y combate al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. “Esta decisión ratifica el compromiso del gobierno estatal con la honestidad, la transparencia, la lucha contra la corrupción y el combate a la impunidad”, señaló. Dicha acción, desde que fue anunciada como un proyecto, llamó la atención de la ciudadanía oaxaqueña, cada vez más sorprendida de la serie de raterías, desvío, peculado y abierta corrupción de parte de funcionarios del gobierno anterior.
En los dos últimos meses se han ido develando más y más casos de ex servidores públicos que estarían involucrados en actos ilícitos. Sin embargo, como lo hemos comentado en otros espacios, la acción de la justicia debe encaminarse hacia los titulares que fueron quienes ordenaron a sus subalternos y no en contra de “charales” que sólo cumplieron instrucciones. Es el caso, por ejemplo, de dos ex funcionarios de la Secretaría de las Infraestructuras y Ordenamiento Territorial Sustentable (Sinfra) que, no dudamos, fueron involucrados en el caso de hacer pagos indebidos a contratistas, por instrucciones superiores no motu proprio. Es necesario hacer un deslinde de responsabilidades para valorar en qué medida ello salva de carpetas de investigación o procesos a los ex titulares.
La referida Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica, con certeza no sólo investigará los delitos del pasado sino, asimismo, los que se cometan por malos servidores públicos de la actual administración. Ya hemos develado algunos casos de gastos excesivos, de contratos sin licitación con el abierto propósito de beneficiar a amigos, socios o familiares que se han dado en algunas dependencias y entidades. Un ejemplo fehaciente es lo que ocurre en los Servicios de Salud en el Estado (SSO) que, en menos de tres meses de haber iniciado la Primavera Oaxaqueña, exhibió una serie de anomalías no del pasado, sino de la actual administración.
Ediles bajo sospecha
Hace poco más de un año, el huracán Agatha devastó una parte importante del territorio oaxaqueño, particularmente de la Sierra Sur y la Costa. Los damnificados que perdieron casas, cosechas, ganado y otros, se ubicaron en 31 municipios. La acción del gobierno federal, si no de manera inmediata, se hizo presente días después con la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador. Estábamos a casi cinco meses de concluir el gobierno de Alejandro Murat y el relevo luego del triunfo de Salomón Jara, con los colores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el Partido del Trabajo (PT), el Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido Unidad Popular (PUP), en la coalición denominada “Juntos haremos historia en Oaxaca”. Sin embargo, la instrucción presidencial fue contundente: el apoyo inmediato para los damnificados, vía las autoridades municipales.
Una de las primeras acciones que se llevaron a cabo, a través de los llamados “servidores de la Nación” fue realizar el censo de afectados y la documentación respectiva. No obstante, como lo difundimos en este diario y se informó en otros medios, cada edil hizo del apoyo federal lo que fue su conveniencia. Presidentes municipales que llenaron los censos con familiares y cercanos para beneficiar no a los afectados reales sino a quienes ellos quisieron apoyar. Unos invirtieron en las obras para las cuales se destinó el apoyo: limpieza de caminos, reconstrucción de viviendas, escuelas, edificios públicos y restablecer la normalidad. Pero hubo otros que, como viles aves de rapiña se embolsaron los millones que tuvieron en sus manos y huyeron. En su visita reciente, Jara Cruz dio cuenta de al menos 8 municipios en los que la información no correspondía, gracias a la evidencia de obras irregulares. Sin embargo, pese a tener las pruebas de malos manejos, peculado y desvío de recursos, los ediles corruptos gozan de cabal salud.
Lo anterior exhibió una debilidad: en tanto no existan mecanismos de vigilancia, control y evaluación, el recurso que llega a manos de los ediles siempre tendrá otro destino. Es un error entregar cantidades millonarias a quienes enloquecen al tenerlo en sus manos y sin control. Por ello, ahora que la Secretaría de Bienestar del gobierno federal ha anunciado ampliar el apoyo a los municipios afectados por más de 1 mil 100 millones de pesos, el gobierno tanto federal como estatal deben tomar sus providencias para que las corruptelas no se repitan.
