La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) ha documentado hasta el 08 de septiembre que 51 localidades han establecido el cierre de sus fronteras, filtros sanitarios y otras medidas restrictivas de movilidad.
Ante ello, estableció acercamientos con municipios cuyo impacto en el posible cierre de sus límites podrían generar conflictos principalmente en el tema de atención médica, por la concentración de los servicios en sus jurisdicciones.
Además mantiene comunicación permanente con los municipios de Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán, Santa Lucía del Camino y San Jacinto Amilpas.
Llamó a los municipios a que las acciones que implementen para contener la pandemia cuenten con sustento legal, sean objetivamente necesarias según evidencias científicas, con periodos de tiempo definidos.
Respetuosas de la dignidad humana, revisables, proporcionales y adecuadas a los fines que se persiguen, además de evitar ser espontáneas, arbitrarias o discriminatorias.
También considerar que las estrategias adoptadas por las diversas autoridades en la entidad para atender la contingencia respeten los derechos humanos bajo los principios de no discriminación, transparencia y respeto a la dignidad humana.
Bernardo Rodríguez Alamilla, defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, reiteró que si bien es cierto los municipios que se rigen por sistemas normativos indígenas, tienen la facultad internacional reconocida para poder tomar sus propias decisiones respecto a la vida interna de sus municipios, éstas deben ser también respetuosas de los derechos humanos.
“Es importante que las acciones respecto a la emergencia por Covid-19 respondan a criterios científicos, ya que las decisiones que pudieran tomarse de forma espontánea pudieran generar mayores violaciones a derechos o la dignidad humana”, dijo.
Si bien es entendible que en situaciones de crisis como la generada por la pandemia, se tomen decisiones avaladas por asambleas y éstas puedan ser de buena fe, quizá no están justificadas técnicamente y no respondan a los criterios señalados por las autoridades sanitarias tanto federales como estatales.
Explicó que dichas determinaciones pueden ser contraproducentes a los propios fines que persiguen, por ejemplo, al cerrar las entradas y salidas de los municipios buscando con ello limitar los posibles contagios, se puede poner en riesgo el derecho a la alimentación, el libre tránsito para personas de otras comunidades.
