El Congreso de Oaxaca exigió investigar los casos de corrupción en dependencias estatales donde se han coludido con notarios públicos para falsificar escrituras y simular la compra-venta de los predios o inmuebles para despojar a los verdaderos propietarios.
Los integrantes de la LXV legislatura acusaron directamente a los servidores públicos de las direcciones del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, el Registro Público de la Propiedad, Dirección de Notarías y el Registro Civil, de estar involucrados en una red con la delincuencia organizada para despojar a los propietarios legítimos de su identidad y de sus propiedades en todo el estado de Oaxaca.
En el punto aprobado, la legislatura local exhortó a las autoridades estatales para que investiguen los probables delitos de despojos de propiedades a particulares y corrupción relacionados con dependencias del gobierno oaxaqueño.
Los propietarios de casas, terrenos y edificios señalan en denuncias a servidores públicos y a notarios por supuestas falsificaciones de escrituras y simulaciones de la compra-venta de los predios o inmuebles para despojar a los verdaderos propietarios.
Dieron a conocer que se han presentado casos donde los expedientes de las propiedades pertenecen a personas fallecidas o desaparecidas cambiando el nombre de los dueños, para quedarse con los predios.
Han denunciado que desde el Registro Civil, el Registro Público de la Propiedad y Catastro de Oaxaca han maquinado el despojo, el robo de identidad al desaparecer documentos legales y expedientes de los inmuebles en el Instituto Catastral del Estado.
Uno de los muchos casos, fue denunciado por Julia Estela Galindo tiene su propiedad en la calle Reforma 808, frente al Jardín Conzatti, en el Centro Histórico. Su madre, Guadalupe Cervantes Rodríguez, profesora conocida en la capital por ser fundadora del Instituto Carlos Gracida, falleció el 4 de junio pasado.
Julia heredó el inmueble cedido en vida por su madre; sin embargo, acusa que ha recibido visitas de dos sujetos para exigir que abandone el inmueble porque ellos son los presuntos propietarios.
La mujer renta dos locales del inmueble y ha sido hostigada por estas dos hombres que han falsificado documentos de compra venta e incluso dicen contar con papeles de la propiedad que obtuvieron del Catastro con apoyo de algún funcionario.
Los “matan” legalmente
El pasado 2 de julio de 2021 salió a la luz pública la “muerte legal” de mil 13 comuneros mixtecos de Santo Domingo Ixcatlán para despojarlos de sus tierras en las que se confabularon el Registro Civil, el Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria.
Ante tales sucesos tuvo que intervenir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque entre los supuestos muertos se encontraban 22 beneficiarios de medidas cautelares.
Tras la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR) y a la CIDH por lo que en diciembre de 2021, el Tribunal Unitario Agrario de Huajuapan de León les restituyó sus derechos.
En la región de la Costa también se han presentado este tipo de casos, como sucedió cuando habitantes de la comunidad Tilzapote, ubicada entre San Pedro Pochutla y Puerto Escondido, denunciaron el despojo de 300 hectáreas, desde 2014, por parte de un grupo de abogados y notarios a quienes acusan de alterar documentos y escrituras a nombre de personas que no se han presentado en juicios interpuestos desde entonces.
De acuerdo con documentos existen dos quejas no resueltas por alteración de fecha de escrituras e inscripción tardía en el Registro Público de la Propiedad, sin embargo, se utilizaron como base para despojar de las 300 hectáreas de tierra a la comunidad indígena, donde se proyecta construir un complejo turístico.
La Costa, jugoso botín
En tanto los despojos van desde los municipios de Santa María Colotepec, San Pedro Mixtepec, los terrenos colindantes a la playa que han sido el botín predilecto Puerto angelito, Carrizalillo, Punta Colorada, Agua Dulce y Palmarito en Bajos de Chila, la inseguridad en toda la costa se acentúa y más por la falta o nula seguridad jurídica de las propiedades, se acentúa ante el avance de la delincuencia organizada que se coluden con las autoridades y notarios corruptos y se vienen apoderando de terrenos que legalizan con documentación fraudulenta ante la complicidad o indiferencia oficial que ha desatado esta incontenible ola de despojos.
