En el estado de Oaxaca, al menos 8 de cada 10 municipios carecen de un atlas de riesgos (473 de 570), documentos “que integran información sobre fenómenos perturbadores a los que está expuesta una comunidad y su entorno”, de acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred).
En su plataforma, el Cenapred señala que solo 97 municipios de la entidad cuentan con este instrumento y los cuales se han integrado al Atlas Nacional de Riesgos (ANR).
Sin embargo, la cifra constrasta con la del estado, pues hasta septiembre del 2025 se estimaba que ya eran 150 los municipios con su correspondiente atlas, tras un avance en su desarrollo en los dos últimos años, según la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos.
Aun así, la cifra estatal da cuenta de que los 150 municipios que han cumplido con la elaboración de este documento son el 26 por ciento del total o poco más de la cuarta parte. Es decir, que la mayoría de los municipios siguen sin tener un atlas de riesgos que le permita conocer sus vulnerabilidades para poder prevenirlas, atenderlas y actuar en caso de algún fenómeno natural como los sismos, los huracanes o incluso aquellos relacionados con la actividad humana como los incendios.
En el país, con base en el Cenapred, hay varias entidades que tienen una cobertura de hasta el 81 por ciento de sus municipios o delegaciones que sí cuentan con sus respectivos atlas de riesgos, como la Ciudad de México, donde 13 de sus 16 delegaciones tienen su atlas. O como en Tamaulipas, donde el 93 por ciento de sus mundos (40 de 43) cuentan con el documento. En Quintana Roo, es el 91 por ciento, debido a que 10 de los 11 municipios tienen el atlas.
Sin embargo, hay otras entidades con menos municipios con atlas, como Guerrero, donde apenas 4 de los 81 municipios reportaron contar con este documento integrado al Atlas Nacional de Riesgos.
Este 1 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Protección Civil, una fecha que como la efeméride nacional (19 de septiembre) invita a reflexionar sobre la prevención y protección ante los desastres, pero que sobre todo reconoce la labor de las personas, organizaciones y dependencias “dedicadas a trabajar en bien de la población para prevenir y reducir desastres”.
