La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) acreditó violaciones al acceso a la justicia por la Fiscalía General del Estado, ante la falta de esclarecimiento de las circunstancias, causas y responsabilidades por el deceso de una persona privada de su libertad en el Centro de Reinserción Social de Miahuatlán de Porfirio Díaz, desde hace cuatro años.
La recomendación 15/2026, relativa a la integridad y seguridad personal, a la vida por muerte en custodia, así como al derecho al acceso a la justicia y a la verdad, fue dirigida a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Fiscalía General del Estado.
De acuerdo al organismo estatal, se acreditaron omisiones de cuidado y la falta de una evaluación médica y psicológica al ingreso de la persona privada de su libertad, que hubieran permitido conocer su estado emocional y evitar que atentara contra su vida.
“Se documentó que, a más de cuatro años del fallecimiento, la Carpeta de Investigación que se inició, no ha sido determinada, lo que permitió a esta DDHPO acreditar violaciones a los derechos humanos al acceso a la justicia y derecho a la verdad, que son atribuidas a personas servidoras públicas de la Fiscalía General del Estado”, expuso el organismo defensor por medio de un comunicado.
Consideró que, tratándose de muertes ocurridas bajo custodia del Estado, las autoridades tienen el deber de realizar investigaciones prontas, exhaustivas, independientes e imparciales, orientadas a esclarecer las circunstancias, causas y responsabilidades relacionadas con el fallecimiento.
“Estos principios son acordes con los estándares establecidos en el Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas, que constituye una referencia internacional para la investigación efectiva de este tipo de hechos y para garantizar el derecho de las víctimas y sus familias a conocer la verdad”.
Ante estos hechos, la DDHPO recomendó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, entre otras medidas, reparar integralmente el daño ocasionado a las víctimas directa e indirectas; proporcionar la atención psicológica y tanatológica especializada; elaborar protocolos, manuales y lineamientos, con el propósito de que se definan mecanismos ágiles para realizar diagnósticos médicos y psicológicos adecuados y oportunos.
A la Fiscalía General del Estado se le recomendó, entre otras acciones, integrar debidamente la Carpeta de Investigación y resolver conforme a derecho proceda, así como, implementar un curso integral relacionado con los derechos humanos de Acceso a la Justicia.
