En San Juan Bautista Tuxtepec, en la Cuenca del Papaloapan, con gran éxito concluyeron este martes los foros regionales para la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCYF).
El magistrado del Tribunal Superior Justicia del Estado y presidente de la Comisión, Juan Carlos Díaz Carranza, dijo que el CNPCyF se expidió como respuesta a los reclamos sociales ante la percepción negativa de la justicia cotidiana en los juicios civiles y familiares.
“Fue en ese contexto como asumí la presidencia de la comisión para la implementación, las tareas del Código estaban abandonadas y la ciudadanía ignoraba su trascendencia. Hoy, aunque nos falta mucho por hacer, las tareas de implementación que esta comisión ha asumido, es reconocida a nivel nacional”.
“Y probablemente la clave es que nos hemos atrevido a hacer lo que no se acostumbra hacer: dar la cara y dar respuestas”, dijo Díaz Carranza, ante un auditorio lleno en la Casa de la Cultura de la ciudad de Tuxtepec.
Iniciamos un proceso intenso de socialización, acercándonos a los sectores de la sociedad históricamente invisibilizados y que en consecuencia tienen una mala percepción de nosotros los operadores de justicia, afirmó.
“Después, sabíamos que teníamos que poner en el centro de la conversación pública la importancia de implementar este código, y fue así, como iniciamos los foros nacionales con enfoque regional. Y en siete intensos meses, desde aquel 17 de abril que iniciamos en el Teatro Macedonio Alcalá, hoy me llena de satisfacción informarles que aquí en la Cuenca, en este bello municipio de Tuxtepec estamos cumpliendo nuestro cometido: recorrimos las 8 regiones, con eventos gratuitos y sin un peso de inversión del erario público”.
Ante la magistrada Erika María Rodríguez Rodríguez, presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y el Presidente Municipal de San Juan Bautista Tuxtepec, Fernando Huerta Cerecedo, entre otras personalidades, agregó:
“Anhelamos que Oaxaca esté en condiciones de operar este ordenamiento jurídico en igualdad de circunstancias que entidades del norte y centro del país, porque nuestra orografía es compleja y aún tenemos juzgados sin internet, porque carecemos de mobiliario adecuado y porque nos falta personal”.
Son los grupos en situación de vulnerabilidad el eje rector de este Código, destacando las infancias, mujeres, personas con discapacidad y grupos y comunidades indígenas; por eso, este foro está diseñado para analizar su impacto y las alternativas que debemos asumir como Poder Judicial, señaló.
Por lo tanto, podemos concluir que el resultado de estos cuatros Foros nos arroja las siguientes conclusiones:
- Que el Código estaba prácticamente en el olvido y que logramos retomarlo, acercarlo a la sociedad, construir alianza con las y los abogados y con la academia y que hoy ya forma parte de la agenda pública de Oaxaca.
- Que esta prórroga no es un plazo de gracia. Nuestras particulares condiciones no permiten distracciones ni excesos de confianza, estamos llamados a dar repuesta puntual a los justiciables, por eso estamos trabajando en las alternativas para operar este Código: con el apoyo de las autoridades municipales, las y los notarios, ejercicios de gradualidad y el uso de la Justicia Digital. Debemos construir un plan rector de implementación.
El magistrado Díaz Carranza concluyó su discurso, señalando que “en este momento, el Senado de la República tiene el dictamen del aplazamiento del Código Nacional para su análisis, discusión y eventual aprobación”.
“Es ahora cuando debemos solicitar que los órganos federales encargados de la implementación asuman un rol activo y de permanente evaluación. Porque si no hay corresponsabilidad entre la federación y los poderes judiciales de los estados, estamos condenados al fracaso”.
Propuesta de un Plan Rector de Implementación:
- La evaluación FODA del Tribunal, juzgado por juzgado, distrito por distrito, para saber cargas, recursos, infraestructura, necesidades y requerimientos que el Consejo de la Judicatura nos aporte.
- Que las y los notarios públicos comienzan a operar los procedimientos.
- Que las autoridades municipales se constituyan como primer contacto en la administración de justicia.
- Emplear las herramientas de la justicia digital.
- Fortalecer e impulsar los mecanismos alternativos de solución de controversias en donde la voluntad de las partes se impone.
- La implementación gradual que permita operar un plan piloto en el que determinados procedimientos.
