Con eventos que llegaron a contarse en más de 800 en el último año, la protesta social se ha disparado en la ciudad de Oaxaca y afectado a la economía ya lacerada por los efectos de la pandemia. Solo en el trimestre de abril-junio de 2020 se presentó la cifra más baja de los últimos dos años, pero a causa del periodo de confinamiento por la pandemia.
Las “movilizaciones terminan por impactar en la gobernabilidad de la ciudad capital y afectar la economía, en mayor o menor medida, de sus habitantes”, señala el municipio capitalino en su Plan Municipal de Desarrollo. Y ante lo cual reconoce que tiene como prioridad lograr la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.
Pese a la pandemia, este tipo de manifestaciones que se realizan en zonas como el centro histórico y sus alrededores aumentaron en los últimos 9 años.
Datos disponibles de parte de la autoridad municipal para los años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 permiten ver que en gran parte de estos años los eventos de esta índole no alcanzaron los 400. En 2015 se registraron 354 manifestaciones, marchas y bloqueos para el periodo enero-octubre, mientras que en 2016 fueron cerca de 300 entre enero y septiembre.
Las cifras son apenas cercanas a las disponibles para el año 2019, cuando la Dirección de Gobierno Municipal tenía que hasta el tercer trimestre “se llevaron a cabo 317 movilizaciones: 17 marchas, 138 bloqueos de calles y oficinas públicas y 100 mítines”.
Sin embargo, en 2020 se presentaron 616 manifestaciones, marchas, mítines y bloqueos. Aunque en el último trimestre de 2020 sumaron 154 eventos de estos tipos y en el de julio-octubre llegaron a ser 148, entre abril y junio fueron 65, lo que representó la cifra más baja de ese año; en tanto entre enero y marzo alcanzó la cifra de 249.
Para 2021 el aumento fue en más de 200. Y es que en todo el año se registraron 834 marchas, bloqueos, manifestaciones y mítines, de acuerdo con datos de la Dirección de Movilidad de Oaxaca de Juárez.
“En su gran mayoría estas movilizaciones tienen su origen en demandas de carácter agrario, electoral, laboral y político de organizaciones sociales, sindicatos y comunidades indígenas que generalmente no son atendidas y resueltas, en tiempo y forma, por autoridades del gobierno del estado y, en menor medida, por autoridades municipales y otras instituciones del sector público a nivel estatal y federal”, explica el municipio en su Plan de Desarrollo.
