Con árboles, abono y herramientas, ayer un grupo de habitantes de la ciudad de Oaxaca acudió al Cerro del Crestón para reforestar parte de la reserva ecológica y área natural protegida, la cual fue decretada en 1992.
Sin embargo, sus intentos por plantar en el área que aún no ha sido urbanizada, pero sí dividida en lotes, fueron impedidos por personas que en diversas ocasiones han asegurado ser propietarias del cerro y que han cuestionado los esfuerzos de la sociedad civil por proteger este pulmón de la ciudad.
Aunque al final se logró un consenso para no confrontarse como sociedad sino exigir a las autoridades que garanticen el derecho a un medio ambiente sano y el de propiedad, la actividad de reforestación no logró concretarse.
Hasta ahora, y aún con los instrumentos jurídicos que el gobierno estatal y el del ayuntamiento de Oaxaca de Juárez han firmado y decretado, se mantiene el conflicto por esta reserva ecológica y área natural protegida; la indefinición de los gobiernos mantiene un clima de confrontación entre la población.
El último caso de confrontación ocurrió ayer entre la cruz y las antenas del Crestón, en donde jóvenes y adultos acudieron con la intención de plantar árboles para reforestar el área donde hay pastizales y algunos arbustos. A los pocos minutos llegaron los presuntos propietarios, además de un par de policías municipales.
Al señalar hacia las antenas y el área rumbo a la cruz blanca, el grupo de al menos tres presuntos propietarios y representantes de otros, dijeron que la zona en que se pretendía reforestar es propiedad privada y que no se permite la reforestación en estos momentos. Además de que están en espera de que el ayuntamiento habilite las ventanillas de atención para regular sus propiedades, aunque aseguraron que cuentan con títulos y han pagado predial.
A pesar de los letreros sobre la zona de reserva y lo que señalan que permitido o no en ella, en el Crestón hay varios lotes delimitados, un tanque de almacenamiento de agua que fue construido por el gobierno estatal hace años, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y varias casas en lo que es parte del polígono y que las autoridades estatales han señalado como la zona invadida en más de 30 años a falta de la delimitación.
Según lo dicho por la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Energías y Sostenibilidad, de las 1,239 hectáreas de la reserva el 31 por ciento ya está urbanizada y que el acuerdo del cabildo del 29 de julio es parte de un convenio para coadministrar la zona urbanizada.
