Para el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), los representantes populares que resulten electos en las próximas elecciones deberán corregir el rumbo en materia hídrica al ser uno de los principales retos.
Según a la organización de la sociedad civil, el país vive su peor crisis hídrica en décadas, pues tan solo al cierre de febrero de 2024, 69% de la población mexicana padeció algún tipo de sequía.
Lo cual -dijo- amenaza no solo la disponibilidad, sino también la calidad del agua. Corregir el rumbo en materia hídrica será uno de los principales retos que enfrentarán las administraciones que resulten electas en junio próximo.
Reiteró que por su importancia para el desarrollo económico, ambiental y social, el IMCO ha seguido la problemática del agua en el país desde un enfoque de competitividad, y desarrolló una agenda mínima para abordar los principales desafíos que enfrenta México en materia hídrica, al ser un ámbito donde la gestión se encuentra fragmentada entre los distintos niveles de gobierno.
Las propuestas se dividen entre aquellas que competen directamente a la Federación -tanto al poder Ejecutivo como Legislativo-, a las entidades federativas y a los municipios.
Consideró que para mejorar la gestión del agua se requiere una agenda amplia, plural y multipartita que involucre a los tres niveles de gobierno, así como a los sectores agropecuarios e industriales, la academia y las organizaciones no gubernamentales.
Y propuso una ruta crítica para transitar hacia sistemas de aguas más eficientes y sostenibles, su implementación requiere no únicamente recursos financieros, sino también voluntad política a nivel federal, estatal y municipal, así como entre las fuerzas parlamentarias representadas en el Congreso de la Unión.
Alertó que solo así se podrá evitar que la crisis que padece México desde hace meses se repita en los próximos años.
A los estados sugirió fortalecer la planificación estatal del agua de modo que la recaudación tarifaria sea equitativa con el gasto, en coordinación con la Conagua y la SHCP.
Pidió coordinarse con los municipios y la Federación para comunicar desde sus localidades las deficiencias y necesidad de actualización de políticas mediante información periódica del uso y gestión del agua.
En el ámbito municipal, demandó invertir en modernización y conservación de infraestructura, pues se necesita mejorar la infraestructura hídrica para una gestión más eficiente, principalmente para atender el problema que representan las tomas clandestinas y las fugas.
Aunado a promover un mayor volumen de tratamiento de aguas residuales, a través de la Conagua y los municipios, principalmente en el sector agropecuario.
Consideró necesario que los municipios cuenten con los incentivos políticos y los recursos financieros suficientes para desarrollar sistemas de aguas funcionales que tengan la capacidad de operar de forma eficiente y dar el mantenimiento necesario para la preservación de la infraestructura para cumplir con los estándares de calidad y seguridad.
