Mientras el gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa, promueve en redes sociales la Consulta Ciudadana relativa a 10 programas prioritarios del próximo gobierno federal, Organizaciones No Gubernamentales acusan de violentar derechos humanos de pueblos indígenas.
En un post colgado en sus redes tanto de Facebook como de Twitter, el mandatario habla del ejercicio de participación ciudadana a llevarse a cabo durante este sábado y domingo y en donde se contempla el desarrollo del Istmo de Tehuantepec.
En el video de aproximadamente 50 segundos, Murat Hinojosa considera fundamental la construcción del Tren Transístmico, al modernizar el puerto de Salina Cruz y poder conectar el Océano Pacífico con el Atlántico.
“Salgamos a votar a favor del sí”, invita el gobernador del estado emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y quien se ha visto bastante activo junto al gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, actual presidente de la Conago.
El rechazo de las ONG
No obstante, Organizaciones No Gubernamentales alertaron sobre la violación de los derechos humanos de pueblos indígenas al no ser tomados en cuenta, ni informados sobre proyectos de Tren Maya y del Istmo de Tehuantepec.
Y es que a partir de este sábado se preguntará al pueblo de México, si está de acuerdo en la construcción del “Tren Maya”, el tren del Istmo de Tehuantepec y la reforestación de un millón de hectáreas, entre otros proyectos.
Al respecto, organismos como Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, Servicios del Pueblo Mixe, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, entre otros, sostienen que la consulta anunciada por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, no cumple con los procedimientos de información y es totalmente violatorio a los Derechos Humanos, adicionalmente a que quien está consultando es un gobierno que aún no entra en funciones, por lo que aún no cuenta con la autoridad para realizarla.
Mediante un desplegado, reiteran que la implementación de la consulta popular en los territorios indígenas, abona más a la grave discriminación, e invisibilización a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.
Advierten que las organizaciones y los pueblos indígenas “no permitirán que se sigan violando nuestros derechos humanos, y nos sigan despojando de nuestros territorios bajo el amparo del interés público, a través de consultas que no cumplen con los mínimos estándares internacionales”.
Llaman a la ciudadanía a no prestarse a la simulación
Y hacen un llamado a los pueblos y sus organizaciones a defender por todos los medios posibles los derechos colectivos de los pueblos y no permitir acciones para legitimar el despojo a sus territorios.
No obstante, reconocen la disposición del próximo gobierno de implementar mecanismos de participación ciudadana en la elaboración de las políticas públicas, como de la consulta popular.
“Consideramos que el próximo gobernante se ha precipitado en consultar, ya que por un lado no está respetando los protocolos internacionales para la realización de la consulta indígena y por otro, no se ha proporcionado la información suficiente y necesaria para que los ciudadanos y ciudadanas puedan tomar sus decisiones”, argumentan.
Estamos fuertemente preocupados de que en la próxima consulta que se pretende realizar, sobre el “Tren Maya”, el “Tren del Istmo” y la reforestación de un millón de hectáreas, entre otros proyectos, vaya a utilizar el mismo procedimiento que se utilizó para la consulta sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México, toda vez que en estas regiones se encuentran presentes pueblos y comunidades indígenas; por un lado comunidades mayas y por el otro lado comunidades zapotecas, subrayan.
El convenio de la OIT
Sostienen que de acuerdo con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo firmado y ratificado por el gobierno mexicano y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el gobierno está obligado a celebrar consultas hacia los pueblos indígenas, de buena fe, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente, a fin de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.
Con la reforma Constitucional del 10 de junio del 2011, en materia de derechos humanos, quedó establecido que todas las autoridades tienen la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos que están reconocidos en la Constitución, así como los Convenios y Tratados Internaciones y las jurisprudencias de la Corte Interamericana, entre otros.
Consideran indispensable que la consulta a pueblos indígenas deba ser previa a la realización del proyecto, de forma libre, por lo que no debe estar condicionada a algún tipo de apoyo o realizarse bajo algún tipo de presión.
Se respetarán los derechos de los pueblos, afirma gobierno electo
A su vez, el gobierno electo que encabeza Andrés Manuel López Obrador, informó que todos los proyectos del nuevo gobierno federal se realizarán en pleno respeto a la integridad territorial y cultural de los pueblos indígenas, así como su autonomía, instituciones y formas de organización social, en cumplimiento a las normas que reconocen sus derechos fundamentales en los instrumentos internacionales en la materia.
Precisan en un comunicado que la Consulta Nacional denominada “10 Programas Prioritarios”, en la cual se incluye el programa Tren Maya (y del Istmo de Tehuantepec), en ninguna forma sustituye la consulta indígena que se estará realizando en los términos señalados anteriormente.
Luego del pronunciamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el que pide respeto a los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas”, el nuevo gobierno de la República asume la responsabilidad histórica de concretar las legítimas reivindicaciones y aspiraciones de vida de los pueblos indígenas de México.
Reiteran el compromiso del nuevo gobierno de la república, que en el marco de este proyecto denominado Tren Maya, se respetará el derecho de consulta libre, previa e informada de las comunidades indígenas que se encuentran establecidas en el trayecto de proyecto, de conformidad con lo establecido en los artículos 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativo a Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes; 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; y XXIII de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Asimismo, se invitará a los organismos internacionales expertos en la materia, como son la Relatora sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas, la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo en México, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
