Entre enero de 2019 al primer semestre de 2021, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) tiene abiertos 69 expedientes por casos de tortura, siendo los ayuntamientos, la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía e incluso el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), la autoridades más señaladas.
“El abanico es amplio, no solo tiene que ver con la parte de seguridad pública y de impartición de justicia, sino de otros ámbitos”, expuso el titular del organismo estatal, Bernardo Rodríguez Alamilla, durante su participación en la clausura del curso “Documentación e investigación de tortura y/o tratos crueles e inhumanos y/o degradantes, aplicación de los principios y directrices del protocolo de Estambul”.
Resaltó que el término de tortura se entenderá como todo acto por el cual se infrinja intencionalmente a una persona, dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero, información o confesión, o castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que se haya realizado.
