Entre señalamientos de amenazas, presuntas agresiones y la disputa por la propiedad de terrenos, habitantes del paraje Rancho Areche, en Cuilápam de Guerrero, acudieron este lunes al Palacio de Gobierno, en el Centro Histórico de Oaxaca, para exigir la intervención de las autoridades estatales ante lo que califican como un despojo de tierras.
Los inconformes señalaron a presuntos integrantes de la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca (ASAEO) como responsables de ocupar predios que, aseguran, fueron adquiridos legalmente por habitantes de la comunidad. También acusaron a la presidenta municipal de Cuilápam de Guerrero, Mayra Silva Fernández, de presunta complicidad, aunque durante la protesta no se presentaron elementos independientes que permitan confirmar ese señalamiento.
Andrés Hernández, quien se identificó como presidente del paraje, sostuvo que alrededor de 180 familias se consideran afectadas por el conflicto y pidió una audiencia con el gobernador para exponer la situación y buscar una solución.
“Llegaron como 100 tipos armados, drogados y la verdad pues la gente tiene temor”, afirmó al describir lo que, según su testimonio, ocurrió en la comunidad.
Las acusaciones, que involucran la posesión de terrenos y la presunta intervención de personas vinculadas con una organización sindical, requieren una investigación que permita esclarecer quién tiene derechos legales sobre los predios y si se cometieron delitos.
DENUNCIAN EXPULSIÓN DE UNA OFICINA COMUNITARIA
Durante su declaración ante medios de comunicación, Hernández relató que el conflicto se remonta al menos al 17 de mayo, fecha en la que, según dijo, él y otros habitantes fueron desalojados por la fuerza de una oficina comunitaria.
El representante aseguró que el espacio había sido construido con apoyo del Gobierno federal, mediante la Secretaría de Bienestar.
“Desde ahí nos sacaron a empujones, a mí me quitaron mi celular”, declaró.
Según su versión, una persona que se presentó como propietaria del terreno habría encabezado la acción. Hernández afirmó que posteriormente buscaron información para identificar a quienes, presuntamente, pretendían apropiarse de los predios y los relacionaron con integrantes de ASAEO.
El dirigente comunitario sostuvo que, desde entonces, los habitantes no han podido regresar con normalidad a las instalaciones y que, cuando algunos acuden al lugar, son obligados a retirarse.
CERCA DE 180 FAMILIAS SE DICEN AFECTADAS
Los manifestantes sostienen que los terrenos en disputa fueron adquiridos mediante operaciones de compraventa realizadas en distintos años. Durante la conferencia, Hernández mencionó adquisiciones que ubica entre 2008 y 2015, aunque no precisó con claridad qué predios corresponden a cada fecha.
También afirmó que las familias cuentan con documentos, expedidos por la autoridad municipal, que respaldan su posesión, que considera una prueba de sus derechos sobre la tierra.
“Este documento viene de la autoridad municipal del alcalde, del alcalde es original, este documento nos avala como dueños”, expresó.
Sin embargo, para esclarecer la disputa será necesario verificar los títulos, los antecedentes registrales, los contratos de compraventa y cualquier resolución administrativa o judicial relacionada con los predios.
Los habitantes calculan que entre 170 y 180 familias están involucradas en el conflicto. Hernández también mencionó que entre 85 y 100 personas podrían estar directamente afectadas en una parte de la zona, aunque no ofreció un padrón detallado ni una superficie total de los terrenos reclamados.
SEÑALAN PRESUNTAS AMENAZAS Y MOVIMIENTOS NOCTURNOS
Los inconformes afirmaron que la presencia de personas ajenas a la comunidad ha generado temor entre los habitantes. Según Hernández, en la zona circulan camionetas con vidrios polarizados durante el día y la noche.
“Se ve que están bien financiados esas gentes”, sostuvo el representante, al referirse a los vehículos y a la presencia de quienes considera vinculados con la ocupación de los terrenos.
También denunció que una vivienda ubicada en el área estaría siendo utilizada como una supuesta casa de seguridad. No obstante, durante la conferencia no se presentaron pruebas independientes que permitan confirmar esa acusación ni establecer quiénes ocupan actualmente el inmueble.
Por la gravedad de los señalamientos sobre la posible presencia de personas armadas, corresponde a las autoridades investigar los hechos, verificar las denuncias y determinar si existe algún riesgo para la población.
La identificación de los presuntos responsables y la comprobación de las amenazas serán fundamentales para evitar que la disputa territorial derive en nuevos episodios de violencia.
ACUSAN A LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE DESCONOCER EL CONFLICTO
Otro de los puntos expuestos por los manifestantes fue su inconformidad con la postura que atribuyen a la presidenta municipal de Cuilápam de Guerrero, Mayra Silva Fernández.
Hernández aseguró que la alcaldesa difundió un comunicado en el que, según su interpretación, negó la situación denunciada y calificó a los habitantes como invasores de los terrenos.
“Que nosotros somos los paracaidistas, y no es cierto”, expresó al rechazar esa versión.
Los inconformes sostienen que sus predios fueron adquiridos legalmente y que la oficina comunitaria fue construida con respaldo institucional. Por ello, exigieron que el gobierno estatal revise la documentación y escuche a las familias antes de emitir conclusiones sobre la posesión de la tierra.
No obstante, el contenido íntegro del documento municipal mencionado por Hernández no fue incluido en la información proporcionada, por lo que no es posible contrastar de manera directa la postura atribuida a la alcaldesa con los señalamientos de los habitantes.
La respuesta de la autoridad municipal y de las personas señaladas como presuntas responsables será relevante para establecer las distintas versiones del conflicto.
EXIGEN AUDIENCIA Y UNA SOLUCIÓN LEGAL
La protesta frente al Palacio de Gobierno tuvo como principal objetivo solicitar la intervención del gobernador de Oaxaca para que se investigue la disputa y se garantice la seguridad de las familias.
Los habitantes insisten en que cuentan con documentos que respaldan sus derechos y piden que se les permita recuperar el acceso a los terrenos y a las instalaciones comunitarias.
El caso plantea dos asuntos que deben atenderse por separado: por un lado, la verificación legal de la propiedad y posesión de los predios; por otro, las denuncias de agresiones, amenazas y un posible desalojo por la fuerza.
Resolver el primero requiere revisar la documentación y los antecedentes de los terrenos. El segundo exige investigar los hechos denunciados, identificar a los posibles responsables y determinar si hubo conductas constitutivas de delito.
Hasta el momento, no se ha informado de una resolución judicial sobre la propiedad de los predios ni de medidas oficiales que hayan permitido resolver el conflicto.
Mientras los habitantes esperan una respuesta, el caso de Rancho Areche permanece marcado por versiones contrapuestas y acusaciones graves que deberán esclarecerse mediante pruebas y procedimientos legales, sin dar por acreditada la responsabilidad de las personas señaladas.
