Oaxaca continúa siendo un estado peligroso para las personas defensoras ambientales, puesto que éstas siguen siendo víctimas de agresiones constantes, sobre todo en el contexto del desarrollo de proyectos energéticos, sin el respeto a los derechos humanos de las comunidades locales.
Así lo explica el Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales. Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) México, publicado en 2019, que destaca que durante el 2018 la entidad fue la segunda por número de agresiones para estas personas con seis.
Esto a pesar de que José Luis Calvo Ziga, titular de la Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable (SEMAEDESO), ha puesto los proyectos energéticos como bandera de su administración.
“En México aumenta el grado de probabilidad de sufrir algún tipo de agresión cuando una persona es defensora de los derechos humanos ambientales, pues en los hechos existe una tensión constante entre los derechos al territorio y al medio ambiente frente a los intereses políticos y económicos que buscan explotar los recursos naturales y el medio ambiente para realizar megaproyectos de desarrollo”, resalta la publicación.
Para el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 se identificaron 49 casos de ataques a personas defensoras de los derechos de la tierra, el territorio y el medio ambiente, destacando 21 asesinatos de personas defensoras del medio ambiente en diversas partes del país. Estos asesinatos se registran sucesivamente a los 29 homicidios identificados en 2017.
Estos 49 ataques sucedieron en 17 de las 32 entidades federativas que existen en México. Los datos muestran que se registró un mayor número de ataques en Puebla, con 8 casos y en Oaxaca y Chihuahua, cada uno con 6 casos de agresiones.
“En este contexto de violencia se observa que, a los 49 casos de ataques del 2018, se suman los 391 casos de agresiones que se registraron en detrimento de las personas defensoras de los derechos del medio ambiente, como muestra la tabla 1, lo que en total suma 440 ataques a personas defensoras del territorio, la tierra y el medio ambiente hasta el 31 de diciembre de 2018”, destaca el análisis.
