En un clima de creciente tensión política y mediática por el asesinato del periodista Alejandro Leyva Aguilar, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, rechazó la posibilidad de solicitar licencia a su cargo mientras avanzan las investigaciones federales sobre el crimen que ha conmocionado al gremio periodístico y a amplios sectores de la sociedad oaxaqueña.
Durante una conferencia de prensa convocada para abordar diversos aspectos relacionados con el caso, el mandatario estatal fue cuestionado sobre la posibilidad de separarse temporalmente del cargo ante los señalamientos y especulaciones que han surgido en redes sociales y espacios públicos tras el homicidio del comunicador.
Su respuesta fue directa.
“No, no voy a solicitar licencia”, afirmó.
La declaración se produce en un contexto marcado por exigencias de transparencia, esclarecimiento y rendición de cuentas en torno a un caso que ha escalado al ámbito federal. El cual incluso ha motivado pronunciamientos de organismos nacionales e internacionales defensores de la libertad de expresión.
LA PRESIÓN CRECE MIENTRAS AVANZAN LAS INVESTIGACIONES
El asesinato de Alejandro Leyva Aguilar ha generado una ola de cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad para periodistas en Oaxaca. Así como sobre posibles líneas de investigación relacionadas con el ejercicio de su labor informativa.
En ese escenario, el gobernador también fue interrogado sobre si acudiría voluntariamente a declarar ante las autoridades o esperaría una eventual solicitud formal por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).
Jara respondió que respetará el curso de las investigaciones y colaborará en caso de ser requerido.
“Voy a esperar que siga la investigación. Si la Fiscalía pide una petición a mi persona, con mucho gusto”, expresó.
Aunque el mandatario no precisó bajo qué circunstancias podría ser llamado a comparecer, sus declaraciones reflejan el nivel de atención y tensión política que ha alcanzado el caso.
SEÑALAMIENTOS EN REDES ALCANZAN A FUNCIONARIOS Y FAMILIARES
Otro de los temas abordados durante la conferencia fue la difusión de señalamientos en redes sociales contra diversos integrantes del gobierno estatal y contra personas cercanas al mandatario.
Sin presentar pruebas públicas, distintas versiones difundidas en plataformas digitales han mencionado a funcionarios de la administración estatal e incluso a familiares del gobernador.
Al respecto, Jara sostuvo que cualquier acusación debe investigarse sin excepciones.
“Si hay algún colaborador del gobierno del Estado, como se ha señalado en redes sociales… se ha señalado a Jesús Romero, a otros secretarios y a mi hermano”, comentó.
El gobernador insistió en que ninguna persona debe quedar fuera del escrutinio de las autoridades si existen elementos que justifiquen una investigación.
“NO PUEDE HABER INMUNIDAD PARA NADIE”
Uno de los momentos más relevantes de su intervención ocurrió cuando se refirió directamente a su entorno familiar.
Jara aseguró que, desde el inicio de su administración, ha sostenido que no debe existir trato privilegiado para ningún servidor público ni para sus allegados.
“Mi hermano está trabajando en la Presidencia en Oaxaca. Y si hay señalamientos, lo dije desde que empezó el gobierno: sea mi hijo, mi familia, aquí no puede haber ninguna inmunidad”, declaró.
Y añadió:
“Se debe investigar a quien haya cometido un agravio de esta naturaleza”.
Las declaraciones buscan responder a la creciente presión pública generada tras el asesinato del periodista. Así como a las versiones que han circulado en distintos espacios de opinión.
UN CASO QUE REBASA EL ÁMBITO POLÍTICO
Más allá de la controversia política, el homicidio de Alejandro Leyva se ha convertido en un tema de interés nacional por tratarse de un periodista reconocido por su cobertura política y sus posturas críticas.
La atracción del caso por parte de la Fiscalía General de la República ha elevado las expectativas sobre el alcance de las investigaciones y sobre la posibilidad de esclarecer no sólo quién ejecutó el crimen, sino también si existieron autores intelectuales o redes de protección detrás de los hechos.
Mientras familiares, colegas y organizaciones defensoras de la libertad de expresión continúan exigiendo justicia, el caso mantiene bajo presión a las autoridades estatales y federales, que enfrentan el desafío de ofrecer resultados contundentes en una investigación observada de cerca por la opinión pública.
LA DEMANDA CENTRAL SIGUE SIENDO JUSTICIA
Aunque la discusión pública se ha extendido hacia el terreno político, para el gremio periodístico y la familia de Alejandro Leyva la principal exigencia sigue siendo la misma: conocer la verdad y castigar a los responsables.
La negativa del gobernador a solicitar licencia y su disposición a colaborar con las autoridades marcan una postura política frente a la crisis. Sin embargo, el centro del debate continúa siendo el esclarecimiento de un crimen que ha puesto nuevamente en evidencia los riesgos que enfrentan periodistas en México.
