Aunque los comités comunitarios de agua han garantizado históricamente el derecho humano al agua en diversas poblaciones de Oaxaca y del país, se enfrentan a varios retos como los recursos suficientes, así como las “amenazas de agentes estatales y, en muchas ocasiones, intereses empresariales”, señaló Beatriz Salinas Avilés, directora del Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto.
Sin embargo, estos no son los únicos obstáculos o retos, pues de acuerdo con Fernando Ramos Morales, profesor investigador de la Universidad de la Sierra Juárez, la crisis climática afecta su labor para conducir, vigilar y distribuir el agua, pues da lugar a “manantiales agotados, conducciones de hasta 12 kilómetros y racionamientos por barrios son cada vez más frecuentes”.
Los restos para los comités de agua que operan en el estado de Oaxaca y en el país fueron abordados recientemente en el Foro Reconocimiento de los Comités del Agua y la Gestión Comunitaria, realizado el pasado 2 de septiembre y convocado por el Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A. C. en coordinación con Servicios del Pueblo Mixe y organizaciones que forman parte de la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía Oaxaca (ALDEA Oaxaca).
Voz de 30 comunidades
Esta actividad reunió a más de 100 representantes de comités de agua, autoridades comunitarias, defensores y académicos de más de 30 comunidades oaxaqueñas. En el foro, la representante de Flor y Canto subrayó que los comités, no sólo operan tuberías sino “protegen bosques y cuerpos de agua, sanean, recargan acuíferos, distribuyen el líquido y organizan el trabajo colectivo sin fines de lucro”, por lo que fortalecerlos jurídica y financieramente es reconocer su aportación al bien común.
Ricardo Ovando, miembro de la Contraloría Nacional Autónoma del Agua e integrante del sistema comunitario de agua de la cabecera municipal de Tecámac, Estado de México, explicó que de acuerdo con el Programa Nacional Hídrico son más de 28 mil sistemas o comités comunitarios. Sin embargo, reconoció que otras estimaciones calculan que podrían superar los 80 mil, pero que la demanda central es su reconocimiento como autoridades comunitarias del agua para actuar en corresponsabilidad con el Estado.
Al destacar las concesiones comunitarias indígenas obtenidas en 2022 por comunidades de los Valles Centrales, después de 17 años de organización y lucha, consideró que esto es un antecedente para extender el reconocimiento a las demás regiones de Oaxaca.
Necesario, contar con personalidad jurídica
Diana Avilés Quezada, defensora e investigadora comunitaria, advirtió que “la falta de personalidad jurídica expone a los comités a la municipalización, a decisiones sin consentimiento y a tarifas eléctricas que los tratan como empresas”, por lo que “una buena ley no debe obligar a elegir entre autonomía o apoyo estatal”.
De acuerdo con el Programa Nacional Hídrico 2026-2030, uno de sus objetivos es el “fortalecer la gobernanza del agua mediante el mejoramiento del marco normativo, la supervisión del cumplimiento de concesiones y la eficiencia administrativa, en beneficio de la población”. Además, se espera que a partir de 2030 México sea un país en el que se “garantice el acceso progresivo al derecho humano al agua y al saneamiento”.
Para esto, el mismo documento señala que “se coadyuvará al reconocimiento legal de los sistemas comunitarios de agua y saneamiento como organizaciones gestoras y administradoras del servicio en poblaciones rurales y en pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas”. Además, asegura que estos comités “se fortalecerán mediante apoyos técnicos, jurídicos y financieros coordinados entre los tres órdenes de gobierno”.
