El Encuentro Nacional de Fiscales Electorales celebrado en la capital de Oaxaca ha reunido nuevamente a una larga lista de autoridades del ámbito electoral, judicial y legislativo, bajo el argumento de construir estrategias conjuntas contra la violencia política, con enfoque de género e interculturalidad.
La presencia de consejeras, magistradas, fiscales y representantes de instituciones especializadas elevó el nivel del evento, pero también aumentó la expectativa pública:
¿esta convergencia servirá para generar cambios tangibles, o será otro ejercicio protocolario que no pasa del diagnóstico?
LOS DISCURSOS: ACERTADOS, PERO INSUFICIENTES
Durante la inauguración, el fiscal general de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, habló de “armonizar criterios y compartir buenas prácticas” como herramientas para mejorar la procuración de justicia electoral, y sostuvo que este tipo de espacios permiten convertir el conocimiento en soluciones colectivas.
“Este encuentro favorece la construcción de soluciones efectivas (…) y coadyuva en la eliminación de la violencia política”, declaró.
Por su parte, la consejera presidenta del IEEPCO, Elizabeth Sánchez, reiteró la urgencia de incorporar perspectiva de género e interculturalidad, aunque esa demanda, cabe señalar, lleva años enunciándose en foros similares sin ver una implementación integral ni uniforme en el país.
LA DISTANCIA ENTRE EL FORO Y LA REALIDAD
La reflexión central que queda al margen de estos encuentros es la brecha entre lo que se dice y lo que realmente se ejecuta. En muchas regiones del país —Oaxaca incluida— la violencia política, especialmente contra mujeres e integrantes de comunidades indígenas, sigue siendo una constante. Y los mecanismos institucionales para prevenirla o sancionarla continúan siendo lentos, insuficientes o inaccesibles.
“La democracia en México es pluricultural e interseccional”, dijo María del Carmen Carreón Castro, de la Defensoría Pública Electoral para Mujeres.
Una frase cierta, pero que contrasta con una realidad en la que aún se vulneran sistemáticamente los derechos político-electorales de quienes menos representación tienen.
EL DESAFÍO: CONVERTIR DIÁLOGOS EN DECISIONES
Uno de los puntos destacados del evento fue el llamado a que la justicia electoral “camine al ritmo de la realidad social”, como expresó el diputado Benjamín Viveros. Sin embargo, este tipo de llamados también reflejan un punto crítico: el reconocimiento reiterado de problemas que ya todos conocen, pero que aún esperan soluciones concretas.
No basta con coincidir en diagnósticos. Lo que la ciudadanía espera —y exige— es una transformación institucional que se note en los territorios, no solo en las ponencias.
ENTRE LA BUENA VOLUNTAD Y EL RIESGO DE LA INACCIÓN
Encuentros como el realizado en Oaxaca son necesarios, sí. Pero también están en riesgo de volverse rituales de buena voluntad que no generan consecuencias reales. Sin un seguimiento claro, sin compromisos públicos de implementación, sin rendición de cuentas, el entusiasmo de estos espacios termina disolviéndose en la inercia burocrática.
La sociedad —particularmente las mujeres, pueblos originarios y sectores históricamente excluidos— ya no puede darse el lujo de esperar. La justicia electoral tiene deudas pendientes, y este encuentro tiene ahora la responsabilidad de no ser uno más en la lista de eventos bien intencionados que no cambiaron nada.
MÁS ALLÁ DE LA FOTO OFICIAL
Que Oaxaca haya sido sede de este encuentro nacional implica una gran oportunidad. Pero también una enorme responsabilidad. El foro ha terminado.
Finalmente, ahora viene lo más difícil: convertir lo hablado en acciones. Lo urgente no es seguir debatiendo qué hacer, sino comenzar a hacerlo.
