En medio de manifestaciones que realizan trabajadores afectados por la revocación de mil 344 plazas en el gobierno estatal, integrantes del Gabinete Legal y Administrativo informaron que en cuatro años se entregaron mil 948 plazas cuando debieron entregarse solamente 140.
Geovany Vásquez Sagrero, consejero Jurídico del gobierno de Oaxaca, informó que en las negociaciones que llevan a cabo las autoridades estatales con la dirigencia del Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Oaxaca (STPEIDCEO), existe un convenio para la entrega de 35 plazas al año, por lo que el resto que se entreguen podría considerarse ilegal.
“Por abuso y costumbre, falten o no las plazas, el sindicato siempre pide 35, cuando la ley dice otra cosa o cuando el patrón es el que debería de pedir, pero cada año el sindicato pide estas 35 plazas, entonces si se toman en cuenta estas 35 por 6 años son alrededor de 210 bases acordadas, ellos lo toman por ley, pero es por un acuerdo, por eso ahora les preguntamos, ¿de dónde salieron tantas plazas?”, cuestionó el Consejero.
Leticia Elsa Reyes López, titular de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, detalló que tras la revisión que se realizó en la Secretaría de Administración, se revisaron mil 948 plazas, de las cuales se detectaron irregularidades en las mil 344 que se revocaron.
Tan solo en el 2019 se entregaron 228 bases, lo mismo en el 2020 se entregaron 305, en el 2021 fueron 224 y en el 2022 se contabilizaron 315, cuando cada año solo se establecía la entrega formal de 35 por acuerdo con el sindicato.
“Revisamos expediente por expediente, se encontraron las irregularidades que dan motivo y es parte de lo que se presentó en el congreso, cuando revisamos los expedientes encontramos que se entregaron bases durante la pandemia cuando no se acudió a trabajar, la obligación del gobierno estatal era garantizar la salud y no de otorgar plazas”.
Reyes López señaló que en ello se encontraron la basificación del personal de confianza, “bases entregadas sin convenio del gobierno con el sindicato, algunos tenían un solo día laboral y al siguiente día ya tenían una base”.
Las autoridades informaron que de las mil 344 que se suprimieron, solamente 600 estaban activos en alguna dependencia y el resto se detectó como no localizable, por lo que serían aviadores que cobraban sin laborar.
Por ello, el Consejero Jurídico afirmó que las personas involucradas, tanto los exfuncionarios como quienes aceptaron estas plazas podrían ser denunciados legalmente por afectar la administración pública estatal.
Cabe destacar que por segundo día consecutivo, los trabajadores afectados se manifestaron en las diferentes dependencias del Gobierno del Estado, en el que se sumaron algunos sindicalizados para exigir la reinstalación de sus compañeros.
