Los oaxaqueños debemos reconocer las acciones que ha emprendido la Policía Estatal Preventiva, cada en cuando, para acotar a grupos de vándalos, llamados a sí mismos normalistas, en su afán de secuestrar camiones del servicio urbano, los cuales utilizan para delinquir. El jueves de la semana anterior, la corporación estatal disuadió a miembros de la Coordinadora de Estudiantes Normalistas del Estado de Oaxaca (CENEO), a bajar de una unidad que previamente habían secuestrado, abusando de los pasajeros que había ya pagado su pasaje para llegar a su destino. En épocas cercanas a los períodos vacacionales, la forma más usual para tener recursos e irse a sus comunidades con los bolsillos llenos, es asegurar unidades de transporte y dirigirse, ipso facto, a la caseta de cobro de Huitzo. En unas cuantas horas de exigirle cuotas a los automovilistas, la suma adquirida a través del atraco, es bastante jugosa.
Como lo mencionamos el pasado lunes 20, el Senado de la República habría tomado ya cartas en el asunto y que, si bien no es sólo en Oaxaca sino en algunos estados del país, aquí se ha convertido en una verdadera industria. La reforma a la Ley General de Vías de Comunicación es urgente y necesaria, pues con la imposición de prisión preventiva hasta por siete años o multas por arriba de los 40 mil pesos, aquellos que tomen casetas de cobro en las carreteras del país, estarán advertidos de que se comete un ilícito y, por tanto, estarían operando en franco reto a la ley. Aunque no se ha sabido más de las reformas en cuestión, de ser así, estamos frente a un cambio radical ante dicho ilícito que, en nuestra entidad –como ya hemos dicho- se ha convertido en una verdadera industria, de la que sólo unos cuantos resultan beneficiados.
Uno de los grupos que más recurren a ello es la CENEO, además de otros grupos y organizaciones que ya vieron que el atraco a transportistas o automovilistas es muy rentable. Es el caso de un grupo de delincuentes afiliados a un membrete conocido como “Colonias Unidas”, cuyos cabecillas se han convertido en poco tiempo, en verdaderos empresarios del atraco. El reto para las autoridades federales que habrán de hacer efectiva dicha ley, es aplicarla sin distingo de grupo, sea éste formado por indígenas, comuneros, normalistas, maestros u otros. La ley no debe admitir distinciones. Debe ser de observancia generalizada. Es decir, se debe medir a todos con el mismo rasero, a aquellos que pretenden encubrir un delito con la bandera de la libertad de expresión.
CIIT: Peligro en ciernes
En su columna puntual y certera como siempre, la semana pasada el periodista Raymundo Riva Palacio, dio a detalle información sobre la inminente penetración de conocidos cárteles criminales en las obras del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), situación de la que –dijo- está enterado el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien tendría la película clara de la disputa entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con el Cártel de Sinaloa, sobre la distribución de grava para el referido proyecto presidencial. Se trata de uno de los temas más importantes no sólo porque la Federación lo trae como prioridad, sino también para los oaxaqueños, que hemos visto pasar décadas sin que se llegue a concretar un proyecto de tal envergadura, que sea motor del desarrollo regional, para dicha zona geográfica.
No hace falta ser un amplio conocedor de la problemática que azota al país en materia de seguridad para entender las serias implicaciones que pueda tener para Oaxaca, el hecho de que un proyecto de tal magnitud caiga en manos de grupos criminales. Tampoco se ignora que detrás de las operaciones aparentemente lícitas de algunos sindicatos, como es el caso del consentido por el gobierno estatal: la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), existan los presuntos tentáculos de organizaciones delictivas. En Oaxaca, es un secreto a voces que la narco-política no es una ficción sino una realidad. Algo de ello se vio a raíz de la detención del ex diputado local, Gustavo Díaz Sánchez que, en otras circunstancias, pudo haber salpicado a otros actores importantes del entorno político estatal.
Si bien, como lo informó el presidente López Obrador, la Guardia Nacional ya intervino en este tema de los materiales pétreos, no deja de generar desconfianza entre los oaxaqueños, el hecho de que un gran proyecto, que permitirá agilizar el comercio asiático con el americano, esté en manos de criminales. ¿Con qué seguridad los inversionistas habrán de arriesgar sus capitales en los terrenos que el mismo presidente anunció que ya están disponibles para establecer los parques industriales? El riesgo de que continúe el cobro de derecho de piso, las extorsiones y el abierto lavado de dinero está a la vuelta de la esquina. Es urgente y necesario ir abriendo la cloaca de quiénes están detrás y actuar con la ley en la mano.
