SAN JUAN MAZATLÁN, MIXE, Oax. – El pasado jueves 10 de marzo, por diferencias políticas y religiosas, diversas familias fueron expulsadas de la agencia municipal Loma Santa Cruz, perteneciente a San Juan Mazatlán, quienes buscaron refugios en comunidades de Santo Domingo Petapa, principalmente en la comunidad de La Maceta.
Las familias desalojadas relataron que se vieron obligadas a abandonar sus viviendas, animales de granja y demás pertenencias apresuradamente, para luego caminar, bajo riesgo, entre el monte y potreros, a fin de evitar que se cumplieran las amenazas de presuntos grupos armados ligados con el PRI.
Es importante mencionar que el municipio de San Juan Mazatlán está integrado por 33 agencias municipales, el tipo de gobierno es a través de usos y costumbres, por lo que la elección de sus autoridades se realiza a través del Sistema Normativo Interno.
Por lo anterior, la administración municipal se mantuvo en la cabecera hasta el 2018, cuando Macario Eleuterio Jiménez logró ser electo presidente municipal, y los poderes del cabildo fueron llevados a Tierra Negra, en donde se mantuvo hasta los primeros días del 2023.
Durante años, los habitantes de las agencias municipales han sufrido de actos vandálicos en sus propiedades, el robo del ganado, quema de sus viviendas, despojos, entre otros.
Primera expulsión
En el 2017, por diferencias políticas y religiosas, 71 personas fueron expulsadas de la agencia municipal Tierra Negra y cinco más detenidas en la cárcel local por varias semanas, por un grupo armado que encabezó Macario Eleuterio Jiménez quien fuera candidato del tricolor a la agencia municipal y perdió, por lo que 20 familias buscaron refugio en comunidades cercanas.
La expulsión de estas familias y la reclusión de las personas, se debió a su negativa de respaldar la candidatura de Macario, quien en ese momento contaba con el respaldo de la entonces secretaria estatal de Asuntos Indígenas, Sofia Castro Ríos.
Encarcelan a madre e hijas
En octubre del 2019, una madre de familia y sus dos hijas fueron encarceladas por instrucciones del síndico municipal Víctor Cabrera, simplemente por preguntar el motivo por el que su esposo estuvo detenido más de 48 horas en la cárcel municipal.
Los familiares de la víctima se vieron obligados a pagar 5 mil pesos por cada una para que fueran liberadas, a pesar de que la afectada presentó la denuncia penal correspondiente, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) nunca actuó en contra de la autoridad municipal.
