Para los juristas oaxaqueños, con la reforma a la Ley de Amparo que aprobó en lo general la Cámara de Diputados federal, podría reducir de manera significativa la fuerza de esta ley que protegía especialmente los derechos fundamentales de las y los ciudadanos.
Previo a su aprobación, algunas legisladoras oaxaqueñas se pronunciaron en contra de esta reforma como la diputada federal del Partido del Trabajo (PT), Martha Aracely Cruz Jiménez, quien consideró que las nuevas disposiciones de la norma, afectará los derechos colectivos de las comunidades indígenas.
En este mismo contexto se pronunció la diputada de Movimiento Ciudadano (MC) María Fátima de León, quien señaló junto con su bancada que esta reforma afecta los derechos fundamentales de la ciudadanía, esto al restringir la suspensión de los actos de autoridad, lo que deja a la ciudadanía en la indefensión.
Por su parte, juristas oaxaqueños como José Antonio Pacheco García, afirmó que el fondo de estas reformas que se han desarrollado a nivel nacional, es concentrar el control en el Poder Ejecutivo y evitar que mediante amparos se frenen algunos proyectos estratégicos.
“Esta reforma se trabajó de manera paralela con la reforma al Poder Judicial y busca debilitar esta figura de ampararse ante cualquier caso que se considere como abuso porque modifica algunos términos como el de interés público, entonces cuando se pretenda frenar cualquier interés de la autoridad, podrá utilizar los nuevos términos que se agregan a esta ley como de las disposiciones de orden público”.
El jurista Pedro Lozano Jiménez consideró extraño la apatía ciudadana ante lo que ocurre a nivel federal, pues hasta el momento la sociedad civil no se ha manifestado “a pesar de que le están quitando, sino el único, sí un medio de defensa por excelencia como es el juicio de amparo, pero pueden decir que no lo están quitando por completo, pero sabemos que si dicho medio de defensa le quitan la fuerza que tiene para ser efectivo, los derechos protegidos pueden ser letra muerta”.
Detalló que una vez que se constituyó la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y los diversos cambios en el Poder Judicial, ahora desde el oficialismo se están construyendo nuevas reglas para el sistema de justicia, lo que afecta a la división de poderes.
