La asociación Servicios para una Educación Alternativa (Educa), en Oaxaca indicó que suman 44 agresiones contra activistas desde el inicio de la administración del morenista Salomón Jara Cruz (1° de diciembre de 2022).
Al asegurar que en la entidad el activismo político es de alto riesgo en un gobierno como el de la Primavera Oaxaqueña afirmaron en el informe “Criminalización: respuesta del Estado frente a la defensa comunitaria”, que ejercer dicha labor en la entidad se ha vuelto peligroso. Muchos de estos activistas llegaron de diversas comunidades a participar en un conversatorio.
Según el documento, desde el comienzo del actual gobierno, “44 defensores han sido agredidos y se han contabilizado 70 ataques contra grupos, comunidades y movimientos, de los cuales 27 se catalogaron de atentados contra la vida, incluidos homicidios, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas”.
En este sentido, Mariana Patrón, integrante de la Red Oaxaqueña de Mujeres Indígenas Trenzando Saberes, apuntó que defender causas sociales desde la población civil “se desarrolla en Oaxaca bajo un contexto de violencia estructural, discriminación interseccional, racismo institucional e impunidad sistémica”, cuya intención es obstaculizar la labor e inhibir la defensa de los derechos humanos.
Acusó que “las empresas y el Estado criminalizan la exigencia de respeto a los bienes comunes con el argumento de que los recursos naturales ‘son propiedad de la nación’”. Añadió que, con la imposición de estos proyectos, se violenta la libre determinación de los pueblos.
Nadir Quiroz, integrante de Flor y Canto, dijo que en 2024, Oaxaca fue la entidad con más agresiones contra personas que protegen la tierra y el territorio.
