Luego de manifestarse para exigir a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que no autorice la nueva Manifestación de Impacto Ambiental (MIA Regional) de la Minera Cuzcatlán, las 14 comunidades del Frente no a la Minería también exigieron cancelar la concesión de la empresa en San José del Progreso.
En voz de sus autoridades agrarias y municipales, las comunidades de San Martín de los Cansecos, Santa Catarina Minas, Cerro de las Huertas, San Nicolás Yaxe y San Dionisio Ocotepec, reiteraron su negativa a la minería y en específico a la Minera Cuzcatlán, que comenzó operaciones en el 2009 sin su consentimiento y en 17 años ha causado varios daños ambientales y a la salud de la población.
De igual manera, demandaron una reunión y visita de la titular de la Semarnat, Alicia Bárcenas Ibarra, para que conozca los estragos de la minera en Oaxaca.
En conferencia de prensa frente a las instalaciones de la Semarnat en la ciudad de Oaxaca, las y los representantes explicaron que la minera debió cerrar en el 2021, sin embargo, el gobierno federal le autorizó la renovación de la concesión por otros 12 años, aun cuando las comunidades se han manifestado en su contra.
En julio, según la Gaceta Ecológica de la Semarnat, y como los señalaron las autoridades agrarias y municipales de estas comunidades, la Minera Cuzcatlán ingresó una nueva solicitud para el proyecto “Conformación del depósito de jales secos”, bajo la clave 20OA2026M0039.
De acuerdo con la solicitud, el proyecto consiste en la integración de todas las obras y actividades que se realizan en la unidad minera San José, que incluye la regularización de las obras y fusión de responsabilidades de las distintas resoluciones de impacto ambiental, además de la ampliación del depósito de jales secos para la continuidad de sus operaciones en el resto de vida útil del depósito.
Sin embargo, las 14 comunidades del Frente no a la Minería advirtieron que la ampliación del depósito de jales secos implicaría aumentar el volumen de residuos tóxicos confinados en un territorio que ya ha sufrido varios derrames.
Entre los daños e irregularidades de la minera documentados por las comunidades están las 73 obras irregulares identificadas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) entre 2009 y 2018 y asentadas en el expediente PFPA/26.32.C.27.5/0020-17. Asimismo, tres derrames de jales hacia el arroyo El Coyote (en octubre de 2018, julio de 2020 y septiembre de 2024).
