La controversia entre la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) escaló este miércoles. Esto, luego de que el fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla rechazara las acusaciones sobre presuntas irregularidades en la atención al caso del periodista Alejandro Leyva, quien denunció amenazas antes de ser asesinado.
Durante una conferencia de prensa, el titular de la Fiscalía negó que la carpeta de investigación hubiera estado extraviada, como lo señaló, Elizabeth Lara Rodríguez, titular de la Defensoría. Además, aseguró que las afirmaciones difundidas por ese organismo no corresponden a la realidad del expediente.
“LA CARPETA NUNCA ESTUVO EXTRAVIADA”, AFIRMA EL FISCAL
Rodríguez Alamilla sostuvo que la investigación siempre estuvo bajo resguardo de la institución. Por otra parte, explicó que la información contenida en una carpeta de investigación es de carácter reservado conforme a la legislación vigente.
“La carpeta nunca estuvo extraviada. Todos los datos de una carpeta de investigación son confidenciales y no pueden compartirse a otras autoridades, so pena de cometer el delito contemplado en el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales”, afirmó.
El fiscal explicó que esa reserva busca proteger tanto las investigaciones como los derechos de las víctimas y evitar afectaciones al debido proceso.
CUESTIONA EL MANEJO DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LA DEFENSORÍA
Además de negar el supuesto extravío del expediente, el fiscal lanzó críticas directas contra la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Esto, al señalar que en ocasiones anteriores no ha resguardado adecuadamente la información confidencial que la Fiscalía le ha proporcionado.
“Desafortunadamente, también lo tengo que señalar, en algunas ocasiones que hemos compartido información muy puntual de algunas situaciones que se nos han requerido, la confidencialidad de esta información por parte de la institución defensora no se ha hecho, poniendo en riesgo incluso el debido proceso y a las propias víctimas que han solicitado ese informe”, declaró.
Con ello, el titular de la FGEO dejó entrever que la actuación del organismo defensor podría afectar el desarrollo de las investigaciones cuando se difunde información reservada.
PERSISTE LA CONTROVERSIA ENTRE AMBAS INSTITUCIONES
Las declaraciones del fiscal surgen después de que la DDHPO denunciara públicamente presuntas omisiones en la atención de las quejas presentadas por el periodista Alejandro Leyva antes de su asesinato. Además de señalar supuestas deficiencias en el seguimiento de la carpeta de investigación.
Sin embargo, durante su posicionamiento, Rodríguez Alamilla insistió en que no existió pérdida del expediente y defendió el actuar de la Fiscalía en este caso.
“Aclaro esa situación porque me parece que es importante”, concluyó.
EL DEBATE ABRE NUEVOS CUESTIONAMIENTOS
El intercambio de señalamientos entre la Fiscalía y la Defensoría pone nuevamente sobre la mesa el debate sobre la coordinación entre instituciones encargadas de la procuración de justicia y la protección de los derechos humanos.
Mientras la Defensoría sostiene que hubo deficiencias en la atención del caso, la Fiscalía responde que actuó conforme a la ley y que la reserva de la información obedece a obligaciones legales para proteger las investigaciones y a las víctimas.
Finalmente, hasta el momento, ninguna de las instituciones ha informado si buscarán establecer una mesa de trabajo para esclarecer las diferencias públicas surgidas en torno al caso.
