A casi tres semanas de que se implementara un operativo denominado “Compra Segura” implementado el 29 de marzo por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional, Policía Estatal y Policía Municipal, la Central de Abasto continúa sumida en una crisis de seguridad y salud pública. El despliegue de fuerzas de seguridad, que incluyó la verificación de vehículos y resultó en el aseguramiento de un automóvil con reporte de robo, no logró erradicar la presencia de personas en situación de adicción ni mejorar las condiciones de seguridad para comerciantes y ciudadanos.
Lejos de representar una solución, el operativo parece haber sido una medida temporal sin impacto duradero. Las calles aledañas a la Central de Abasto han vuelto a convertirse en “piqueras”, donde individuos consumen sustancias ilícitas a plena luz del día, utilizando hules para cubrirse y dejando tras de sí jeringas y papel aluminio, elementos que representan un riesgo para la salud pública y la seguridad de los transeúntes.
Descoordinación oficial
La falta de resultados tangibles evidencia una falla en los trabajos de inteligencia y coordinación entre las distintas corporaciones de seguridad. La ausencia de detenidos y decomisos durante el operativo sugiere una estrategia deficiente que no aborda las causas profundas del problema.
En el ámbito de la prevención y atención de adicciones, la situación es igualmente preocupante. El Consejo Estatal contra las Adicciones (CECA), instalado en marzo de 2023 con el objetivo de fortalecer la coordinación entre autoridades y reducir la demanda de sustancias adictivas, ha mostrado una limitada capacidad de acción. Según informes, su comunicación con centros de rehabilitación se limita a la realización de tequios, sin implementar políticas efectivas para abordar el problema de las adicciones.
Además, un informe de Código DH revela que muchos centros de atención a las adicciones en Oaxaca operan sin supervisión adecuada, carecen de personal especializado y, en algunos casos, han sido señalados por violaciones a los derechos humanos, incluyendo la persistencia de tortura.
Angustia e inseguridad
Mientras tanto, la ciudadanía continúa enfrentando una realidad marcada por asaltos, robos y una sensación generalizada de inseguridad. La falta de acciones efectivas por parte de las autoridades competentes perpetúa un entorno donde la ilegalidad y el abandono social se han normalizado.
Es imperativo que las autoridades de seguridad y salud pública de Oaxaca revisen y reformulen sus estrategias, priorizando la implementación de políticas integrales que aborden tanto la seguridad como la prevención y tratamiento de las adicciones, con un enfoque en los derechos humanos y la participación comunitaria.
