Los legisladores integrantes de la 66 Legislatura del congreso local, aprobaron con 31 votos a favor, la Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión del Estado de Oaxaca.
Esta norma atiende a la armonización con el marco nacional que fue avalada recientemente por el Congreso de la Unión para combatir uno de los delitos patrimoniales que más afectan a las y los ciudadanos.
Entre las principales características que contempla la norma es que establece la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para la prevención, investigación, persecución y sanción de la extorsión en cualquiera de sus modalidades.
En materia de sanciones, contempla penas de 15 hasta 42 años de cárcel a quien cometa el delito, además de, 10 a 20 años para funcionarios que no denuncien la extorsión y a las autoridades penitenciarias o servidores públicos que faciliten o permitan la comisión del delito serán sancionados de 15 hasta 25 años de prisión.
Durante la Sesión Extraordinaria, legisladores también aprobaron el dictamen presentado por la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia para homologar el abuso sexual como delito grave en Oaxaca.
Con 33 votos a favor se reformó y adicionó diferentes disposiciones del artículo 241 del Código Penal del Estado, para establecer que comete abuso sexual quien, sin el consentimiento de una persona, en el ámbito público o privado, realice actos de naturaleza sexual; como son los tocamientos, caricias, roces corporales, manoseos, exhibiciones o representaciones sexuales explícitas.
Además, se incorporan agravantes a este delito cuando se cometan en la vía pública, medios de transporte u oficinas gubernamentales, se contemplan penas de 6 a 10 años de prisión, eliminando la posibilidad de beneficios. Asimismo, este delito se perseguirá de oficio.
Protesta de burócratas
A casi un año de aprobado el Decreto 24, ex trabajadores burócratas del gobierno del Estado de Oaxaca se manifestaron este martes afuera del Congreso local para exigir la abrogación del Decreto 24.
El 12 de diciembre cumplirá un año de que fueron retirados de su planta laboral y señalan, mantiene en incertidumbre laboral a más de mil 300 familias, pese a que todos los empleados afectados fueron reinstalados.
Los inconformes llegaron hasta las puertas del congreso y recordaron que el decreto fue aprobado por la LXVI Legislatura sin un análisis previo; reiteraron que, mientras permanezca vigente, persiste el riesgo para su estabilidad laboral. Por ello, demandaron a las y los diputados una resolución definitiva que elimine cualquier posibilidad de afectación futura a sus derechos.
Aseguraron que el Decreto se mantiene vigente, como habría dicho el Consejero Jurídico, Geovany Vásquez Sagrero, por ello la exigencia de la abrogación total del Decreto 24, que consideran lesivo y contrario al marco jurídico.
