La anunciada Estrategia Nacional de Minerales Prioritarios y Críticos abrió un nuevo frente de debate entre autoridades federales y organizaciones defensoras del territorio, luego de que la colectiva Cambiémosla Ya cuestionara la falta de información pública y participación social en la construcción de esta política.
La organización, integrada por pueblos, comunidades afectadas por proyectos extractivos, académicos y organizaciones civiles, reaccionó al mensaje difundido por la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, quien informó que su dependencia trabaja junto con las Secretarías de Economía, Hacienda y Crédito Público, Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, así como el Servicio Geológico Mexicano, en una estrategia nacional relacionada con minerales considerados prioritarios para el desarrollo económico.
Sin embargo, la funcionaria no dio a conocer detalles sobre los objetivos, alcances, mecanismos de operación o participación ciudadana de dicha política.
COLECTIVA ACUSA OPACIDAD Y TEME UN NUEVO IMPULSO EXTRACTIVO
En un posicionamiento público a través de un boletín, Cambiémosla Ya calificó como “alarmante” que una estrategia de esta magnitud se construya sin incorporar la voz de las comunidades que podrían resultar afectadas.
“Alarmante que una Estrategia Nacional sobre Minerales Críticos se construya en opacidad y sin participación de comunidades y pueblos indígenas”, señaló la colectiva.
Las organizaciones advirtieron que la estrategia podría representar un nuevo impulso a la actividad minera a gran escala para abastecer las necesidades industriales del llamado Plan México y los compromisos internacionales establecidos entre México y Estados Unidos en materia de minerales críticos.
“Dicha estrategia genera incertidumbre y gran preocupación para las comunidades porque perfila un nuevo impulso de gran escala al extractivismo minero en los territorios”, expuso el colectivo.
Para las organizaciones, la falta de información impide conocer qué compromisos asumió el Gobierno mexicano y cuáles serán las consecuencias para regiones donde existen proyectos mineros o amenazas de nuevas concesiones.
SEÑALAN RETRASOS EN REGULACIÓN MINERA
Uno de los principales cuestionamientos de Cambiémosla Ya se centra en que, antes de impulsar nuevas políticas relacionadas con minería, el Gobierno Federal debe cumplir con los pendientes derivados de la reforma a la Ley de Minería aprobada en 2023.
La colectiva recordó que dicha reforma incluyó modificaciones como eliminar la minería como actividad preferente, prohibir actividades extractivas en Áreas Naturales Protegidas y zonas submarinas, establecer nuevas causales para cancelar concesiones y obligar a las empresas a presentar planes de cierre y post cierre de minas.
No obstante, denunció que varios de estos cambios no han podido aplicarse plenamente debido a la falta de publicación del reglamento correspondiente.
“Los importantes avances en la Ley de Minería de 2023 no se han podido aplicar a cabalidad debido al incumplimiento del gobierno federal de publicar el reglamento de la Ley de Minería”, afirmó.
ADVIERTEN POSIBLE REGRESO DE PRIVILEGIOS A EMPRESAS MINERAS
El posicionamiento también lanzó críticas contra la Secretaría de Economía, al señalar que existe un proceso de diálogo con la industria minera para modificar nuevamente la legislación.
“Lo peor es que la Secretaría de Economía ya trabaja, de la mano de la industria, en un proceso de reforma a la Ley de Minería de 2023, para regresarle los privilegios a la industria minera”, acusó la organización.
De acuerdo con la colectiva, cualquier modificación normativa debe priorizar los derechos de las comunidades, la protección ambiental y el interés público, antes que los beneficios económicos de las compañías extractivas.
COMUNIDADES RECLAMAN PARTICIPACIÓN Y JUSTICIA AMBIENTAL
Cambiémosla Ya sostuvo que las comunidades indígenas y habitantes de territorios con presencia minera deben ser consideradas actores centrales en la toma de decisiones.
La organización afirmó que las autoridades mantienen una comunicación más cercana con el sector empresarial que con las poblaciones afectadas por la minería.
“Las autoridades mantienen una estrecha comunicación y colaboración con la industria minera para facilitar el despojo y saqueo de los recursos minerales del país”, señaló.
Además, recordó casos de contaminación y conflictos socioambientales relacionados con actividades mineras, entre ellos derrames de sustancias tóxicas atribuidos a empresas como Grupo México y agresiones contra personas defensoras ambientales.
ORGANIZACIONES EN OAXACA SE SUMAN A LA ALERTA
En Oaxaca, asociaciones civiles como EDUCA Oaxaca y Flor y Canto A.C. replicaron el posicionamiento y expresaron respaldo a las demandas de transparencia, participación comunitaria y protección de los territorios.
Las organizaciones oaxaqueñas han mantenido históricamente una postura crítica frente a proyectos extractivos que impactan comunidades indígenas y ecosistemas del estado.
EXIGEN TRANSPARENCIA ANTES DE CUALQUIER NUEVA POLÍTICA MINERA
La colectiva Cambiémosla Ya llamó al Gobierno Federal a publicar los contenidos, objetivos y alcances tanto de la Estrategia Nacional de Minerales Prioritarios y Críticos como del Plan de Acción sobre Minerales Críticos acordado con Estados Unidos.
El llamado central es que cualquier decisión sobre recursos minerales se construya con información pública, participación ciudadana y respeto a los derechos colectivos.
“Sin transparencia, sin participación social y sin el cumplimiento del marco legal vigente, cualquier nueva política minera carecerá de la legitimidad necesaria”, concluyó la organización.
Finalmente, el debate coloca nuevamente en el centro la tensión entre la búsqueda de minerales estratégicos para la economía nacional y las exigencias de comunidades que reclaman protección ambiental, consulta previa y respeto a sus territorios.
