Ante la serie de denuncias por la invasión y venta ilícita de terrenos en la región de la Costa, colaboradores de EL IMPARCIAL han sido amenazados de muerte, lo que ha obligado a solicitar garantías cautelares para salvaguardar su integridad.
El pasado fin de semana, cuatro individuos agredieron a uno de nuestros colaboradores cuando transitaba por la carretera. Tras ser impactado su vehículo, fue amenazado de muerte en caso de seguir investigando la venta ilícita de terrenos.
A pesar de que se ha denunciado esta mala práctica en las diferentes regiones del estado, la situación se ha desbordado en la Costa, donde se ha documentado la corrupción en la venta ilegal de tierras comunales a través de la especulación inmobiliaria.
Terrenos en Pochutla, Colotepec, Tututepec y San Pedro Mixtepec, se han convertido en una mina de oro para inmobiliarias que operan en contubernio con las autoridades municipales y agrarias.
A través de una red de defraudadores, invaden terrenos baldíos y sacan actas de posesión y escrituras públicas apócrifas al por mayor, para luego, despojar a sus dueños y revender los terrenos.
Los predios que invaden estos grupos, son los que tienen mayor plusvalía, principalmente los que se encuentran en la franja costera, a orilla de playa los cuales se ofertan en cantidades exorbitantes que superan varios millones de dólares en el mercado internacional.
La obtención de actas de posesión ilegal, es cosa común en este paradisiaco puerto oaxaqueño, en donde los especuladores inmobiliarios se adueñen de grandes extensiones de tierras, a través de una red de corrupción que opera en la zona.
Cuando detectan terrenos que no están habitados, pero que sin tienen dueños, rellenan actas falsas, en la que también participan notarios públicos y funcionarios de la Fiscalía General del Estado, sostienen familias que fueron víctimas de este fraude.
En los últimos meses, se han registrado casos que han sido ex-puestos, donde se involucra a funcionarios del catastro, del Registro Público de la Propiedad, incluso al ayuntamiento de San Pedro Mixtepec, que encabeza Freddy Gil Pineda Gopar y notarios corruptos, participan en esta operación, de acuerdo con el testimonio de las personas afectadas.
Este es el caso de tres terrenos ubicados en el Fraccionamiento Rinconada Bacocho, cuyos legítimos propietarios fueron sorprendidos hace un mes aproximadamente, con la venta de sus bienes inmuebles, por personas desconocidas.
Los afectados, cuya identidad es reservada, denunciaron que primero, un grupo de sujetos retiró las mallas y postes de concreto que delimitaban sus lotes y, de inmediato, los pusieron en venta.
Al menos dos de estos terrenos fueron vendidos en 3 millones de pesos, cada uno.
De acuerdo con documentos en poder de EL IMPARCIAL, Pedro Sánchez Antonio se ha ostentado como el dueño de uno de estos lotes, lo cual demuestra a través de un acta notarial y un certificado del Registro Público de la Propiedad expedidos de manera irregular.
En septiembre de 2010, el Registrador Pedro Armando Pacheco Ruiz, adscrito a la oficina de Puerto Escondido del Registro Público, validó la “transmición de propiedad” (sic) de este terreno de 377 metros cuadrados; de José Vega García y Raúl Lemus Carrillo, representantes legales de Banco Mexicano S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inverméxico; a Pedro Sánchez Antonio.
Según el instrumento 4 mil 228, emitido por el Notario Público número 47, Román Ruiz Silva, con sede en Pinotepa Nacional; el 28 de julio de 1995 se efectuó esta transacción. Destaca que no se reportó el pago de alguna cantidad de dinero por el traslado de la propiedad.
Sin embargo, los legítimos dueños de este terreno poseen el título de propiedad más antiguo, con fecha 10 de diciembre de 1992, protocolizado por el Notario Público 25 del Estado de Oaxaca, Alfredo Castillo Colmenares, en el instrumento número 8 mil 035.
Al contrastar ambos documentos, se corroboró que se trata del mismo predio, que junto con los otros dos invadidos y vendidos, se ubican a un costado del Bulevar Benito Juárez, en el Fraccionamiento Rinconada Bacocho.
Esta anómala situación ha propiciado que terrenos comunales o ejidales estén a nombre de extranjeros y donde se han construido mansiones y desarrollo turísticos, y por otra parte terrenos municipales han sido reprivatizados a nombre de particulares.
La impunidad y corrupción han motivado asesinatos que han quedado sin castigo y al hostilizamiento de extranjeros y conciudadanos que hoy viven bajo la amenaza y el temor.
Amenazas e intimidación
Desde hace algunos años, en las páginas de EL IMPARCIAL. El Mejor diario de Oaxaca, hemos denunciado una serie de irregularidades sobre la adquisición y venta fraudulenta de terrenos, en la zona de Puerto Escondido, ilícitos que han provocado la muerte de personas que se han atrevido a denunciar a los responsables. Hace al menos un par de semanas volvimos a la carga, señalando a quienes de la noche a la mañana y contando con el aval de la autoridad municipal de San Pedro Mixtepec, encabezada por Fredy Gil Pineda Gopar y la colusión de notarios y funcionarios de la Fiscalía General del Estado, estarían asumiéndose como propietarios de predios, previamente invadidos, luego de que los invasores habrían retirado mallas y la delimitación que en defensa de sus propiedades hicieron sus legítimos dueños.
Luego de realizar una investigación rigurosa de este tema, nuestras fuentes, representantes y corresponsales acreditados en Puerto Escondido, han sido objeto de amenazas de muerte y hasta golpes, con la advertencia de “que le bajen”. Se trata, a todas luces, de un atentado a la libre expresión, habida cuenta de que ello conlleva conculcar un derecho consagrado en nuestra Carta Magna. A lo largo de sus casi 68 años de vida, nuestro diario ha sido objeto de prácticas intimidatorias como ésta, pero convencidos de que nuestra lucha es por la verdad, nada nos hará declinar en nuestro compromiso con la sociedad y nuestros lectores.
“Quien nada debe, nada teme”, reza un viejo refrán popular. Si nuestra denuncia les ha incomodado a algunos, ello implica su colusión con este asqueroso tráfico ilegal de inmuebles, de lo cual las autoridades competentes deben tomar debida nota e investigar. Lo lamentable es que si entre los cómplices se encuentran funcionarios que, abdicando de su responsabilidad institucional, hoy están metidos en prácticas delictivas, es evidente que ninguna indagatoria habrá de progresar. Estamos convencidos de que la Fiscalía Especial para Delitos Cometidos en Contra de Periodistas y la Libertad de Expresión, tanto en la Fiscalía General de la República como la local, deben proceder a realizar las pesquisas correspondientes para garantizar el libre ejercicio periodístico y terminen, de una vez por todas, las prácticas intimidatorias y amenazantes que hoy hemos padecido. Nuestro compromiso con la verdad es un rubro irrenunciable.
