Para la Sección 22 del magisterio oaxaqueño, la nueva reforma educativa aprobada este jueves por los legisladores federales continúa bajo un régimen de excepción laboral y sin considerar las condiciones de egresados normalistas.
El vocero de la Sección 22, Wilbert Santiago Valdivieso, insistió ayer en que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación no busca el control de las plazas, sino el respeto a los derechos laborales de los sindicalizados.
Al considerar que la aprobación fue “un albazo legislativo”, el vocero de la Sección 22 aseguró que en la Reforma recién aprobada se da la oportunidad de contratación a egresados de escuelas privadas y no solo a los egresados normalistas.
Insistió que es falso que la CNTE busque el control de las plazas, porque son las autoridades educativas federales las que deciden cuántas se ofertan cada año y qué características deben considerarse.
Desde la conformación de una nueva ley educativa por el Gobierno federal, los trabajadores de la educación aseguraron que sus propuestas no fueron consideradas y se dio una imposición como en el sexenio que encabezó Enrique Peña Nieto.
Insisten en plazas automáticas; rechazan intervención privada
Entre las propuestas de la CNTE a la Secretaría de Educación Pública (SEP) se encuentra “eliminar del artículo 3° la ‘excelencia y calidad´ como principios y propósitos de la educación pública del país, al considerar que la filosofía educativa debe recuperar el carácter integral, humanista, progresista y transformadora de principios de la educación.
Señalaron también que para los jóvenes egresados de las escuelas normales y universidades formadoras de docentes, no deben estar condicionados por una evaluación para ingresar al servicio educativo y se deben otorgar plazas automáticas.
Nueva Reforma, con esencia “peñista”
Señalaron que la Reforma recién aprobada mantiene la esencia de la reforma educativa del sexenio anterior, al “conservar la visión mercantilista y privatizadora de la educación, a través del binomio excelencia- certificación (Art. 3°, primer párrafo), debido a que implica un proceso de estándares, criterios, evaluación y medición (Art. 3°, fracción IX)”
“La privatización de la educación se expresa en la fracción IX al conformar un Consejo Consultivo Ciudadano, lo que antes fue el Consejo de Participación Social: conformado por docentes distinguidos; madres y padres de familia reconocidos por su contribución a la mejora educativa, representes de organizaciones de la sociedad civil dedicadas a esta materia”.
Aseguraron que existe de trasfondo la autonomía de gestión bajo el término “gobernanza en la educación”, el cual delega a las escuelas la responsabilidad directa de resolver necesidades de infraestructura en las mismas. Este término es un mandato de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que centra su atención en la rendición de cuentas, transparencia, eficiencia y eficacia, capacidad de respuesta; visión prospectiva y estado de derecho.
Expusieron que la capacitación para la educación que pretende el Estado mexicano tiene el esquema individualista, competitivo, de verticalidad y coercitivo, que condiciona a los trabajadores a aspirar un salario digno, a través de una evaluación voluntaria.
Así también, consideraron que la intervención desde el Estado a las normales e instituciones de educación superior, es una estrategia de sometimiento y control del espacio, para quienes brindan educación rural en el país.
En la parte curricular en cuanto a la incorporación de estas asignaturas, se infiere que existirá mayor carga horaria de los estudiantes y trabajadores de la educación, además de mantener un aprendizaje con un enfoque disciplinar, vigente en el modelo educativo peñista.
Expusieron que para la educación indígena y pueblos originarios representa un retroceso el planteamiento de educación bilingüe y bicultural, debido a que fue una política de los años setentas, con la intención de que las “minorías étnicas” aceptaran la cultura nacional.
“Persiste un estado de excepción para los trabajadores de la educación donde son aislados del artículo 123 apartado B (LFT) y faculta al congreso el destino de la educación, al definir a través de la ley los requisitos aplicables, así como el servicio de carrera profesional del magisterio a cargo de la federación para favorecer la equidad y desempeño de los educandos”.
