Apenas 9 denuncias por delitos de funcionarios
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Apenas 9 denuncias por delitos de funcionarios

Denuncias por abuso de autoridad y ejercicio indebido del servicio público


Foto: ilustrativa // Cinco denuncias corresponden por presuntos delitos de abuso de autoridad y cuatro por el ejercicio indebido del servicio público.
Foto: ilustrativa // Cinco denuncias corresponden por presuntos delitos de abuso de autoridad y cuatro por el ejercicio indebido del servicio público.

De acuerdo con resultados del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2023 del Inegi, durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022, en el estado de Oaxaca se denunciaron nueve casos de personal adscrito a las instituciones de la Administración Pública por la presunta comisión de algún delito en el ejercicio de sus funciones correspondientes a estos niveles de gobierno.

De estos nueve casos que se registraron en la entidad oaxaqueña en este periodo, cinco corresponden por presuntos delitos de abuso de autoridad y cuatro por el ejercicio indebido del servicio público.

De los denunciados por abuso de autoridad que reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), uno corresponde al municipio de San Juan Bautista Coixtlahuaca, dos a San Miguel del Puerto, uno en San Miguel el Río y otro más en Santa María Peñoles.

Correspondiente a las denuncias por el ejercicio indebido del servicio público, dos fueron en el municipio de San Miguel del Puerto, uno en San Miguel del Río, uno en Santa María Peñoles.

El Instituto detalló que la información se refiere a los servidores públicos de las instituciones de las administraciones públicas denunciados por la presunta comisión de algún delito en el ejercicio de sus funciones.

En ello, explica que se consideran los servidores públicos denunciados por las autoridades competentes establecidas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas (incluidas, de ser el caso, la Secretaría de la Función Pública y sus homólogas en las entidades federativas, así como la Auditoría Superior de la Federación y las entidades de fiscalización superior u homólogas de las entidades federativas).


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