Tras una audiencia que se prolongó por más de 30 horas, una jueza federal vinculó a proceso al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel. Así como a siete personas más por su presunta participación en delitos relacionados con delincuencia organizada y tráfico ilegal de combustibles.
La resolución fue emitida por la jueza Alejandra Ramírez de la Vega, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México. Quien consideró que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) presentó datos de prueba suficientes para continuar con el procedimiento penal.
La audiencia se desarrolló en instalaciones judiciales ubicadas junto al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, conocido como Altiplano.
SEIS ACUSADOS PERMANECERÁN EN PRISIÓN
Como parte de la resolución judicial, seis de los imputados permanecerán bajo la medida cautelar de prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones.
Entre ellos se encuentra Ruffo Appel, quien gobernó Baja California entre 1989 y 1995. Además de Ricardo Thompson Navarro, José Merino Valdés Cuervo, Juan Hermilo Chávez Rodríguez y Luis Antonio Barrientos Juárez.
Por su parte, José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales continuarán su proceso bajo prisión domiciliaria debido a problemas de salud acreditados ante la autoridad judicial.
En tanto, Adriana Magali Bárcenas Guillén seguirá recluida en el Centro de Reinserción Social de Nezahualcóyotl Sur.
ACUSAN RED DE CONTRABANDO DE COMBUSTIBLES
La investigación federal sostiene que los imputados habrían participado en una estructura empresarial utilizada para introducir combustible de manera irregular al país.
Según la acusación, el esquema habría operado mediante una red de 11 compañías que presuntamente simularon operaciones comerciales para ingresar a territorio mexicano más de 18 millones de litros de gasolina y diésel transportados en 163 carrotanques ferroviarios.
Las autoridades consideran que la empresa Ingemar desempeñó un papel central dentro de las operaciones investigadas. Además, habría servido como una de las piezas clave para la recepción y distribución de los combustibles.
INVESTIGAN ENVÍOS DESDE TEXAS
Las pesquisas apuntan a que el combustible habría sido movilizado desde Deer Park, Texas. Donde se encuentra una refinería vinculada a Petróleos Mexicanos (Pemex).
De acuerdo con la información contenida en la orden de aprehensión, los investigadores identificaron al menos nueve embarques que presuntamente fueron enviados hacia México bajo esquemas comerciales que ahora son objeto de revisión judicial.
La Fiscalía sostiene que las operaciones habrían permitido el ingreso de combustibles mediante documentación y mecanismos que no correspondían con la naturaleza real de las mercancías transportadas.
PERMISOS Y DOCUMENTOS, BAJO LA LUPA
Uno de los aspectos centrales de la investigación se relaciona con la empresa Internacional de Fundentes, señalada por las autoridades como una de las compañías involucradas en el presunto esquema.
Según las indagatorias, esta firma habría sido investigada previamente por supuestas irregularidades documentales relacionadas con la importación de hidrocarburos.
La autoridad federal busca determinar si existió falsificación de documentos o alteración de permisos para permitir el ingreso de mayores volúmenes de combustible respecto de los autorizados oficialmente.
EL CASO SE SUMA A LA ESTRATEGIA CONTRA EL HUACHICOL
La vinculación a proceso representa una de las acciones judiciales más relevantes en los últimos años dentro de las investigaciones contra redes dedicadas al tráfico ilegal de combustibles, actividad que ha generado pérdidas millonarias para el Estado mexicano.
No obstante, la resolución judicial no implica una sentencia condenatoria. Los imputados conservan la presunción de inocencia y será durante las siguientes etapas del proceso cuando se analicen las pruebas y se determine su eventual responsabilidad penal.
El caso también coloca bajo escrutinio el uso de estructuras empresariales para operaciones relacionadas con el comercio de hidrocarburos. Un sector que históricamente ha enfrentado desafíos en materia de supervisión y combate a actividades ilícitas.
