El presidente Donald Trump anunció el pasado 15 de diciembre que el fentanilo será tratado formalmente como un arma de destrucción masiva. En un acto oficial en la Casa Blanca, Trump señaló que este opioide sintético provoca la muerte de 200 mil a 300 mil personas cada año. Destacando que “ninguna bomba hace lo que esto está haciendo”.
La orden ejecutiva instruye a agencias federales de Estados Unidos a utilizar herramientas legales, financieras y operativas previamente reservadas para amenazas químicas o terrorismo. También se incluyen protocolos de respuesta ante incidentes químicos y estrategias de inteligencia para identificar redes de contrabando.
Trump vincula directamente el tráfico de fentanilo con la financiación de organizaciones criminales transnacionales y grupos armados, señalando un riesgo potencial de que estas sustancias sean utilizadas en ataques concentrados a gran escala.
IMPACTO Y ESCENARIO PARA MÉXICO
Ante estas medidas, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que, aunque la clasificación brinda a Estados Unidos elementos legales para actuar. Esto no significa que vaya a ocurrir una intervención militar. Sheinbaum enfatizó la defensa de la soberanía nacional, recordando la incorporación de párrafos en el artículo 40 de la Constitución y la referencia en el artículo 19 ante amenazas externas.
La mandataria explicó:
“Nosotros privilegiamos el diálogo por encima de todo, tenemos nuestra posición, nuestros principios, pero buscamos el diálogo con el gobierno de Estados Unidos siempre”
Sheinbaum destacó la labor del Secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente Ramírez. Y su coordinación con el homólogo estadounidense Marco Rubio para garantizar comunicación fluida y manejo diplomático de la situación.
ENTRE ELEMENTOS LEGALES Y PREOCUPACIÓN PÚBLICA
La designación del fentanilo como un arma de destrucción masiva y la inclusión de cárteles en la categoría de organizaciones terroristas fortalece la base legal para acciones en territorio extranjero. Pero los funcionarios mexicanos consideran este escenario como lejano y poco probable.
El tema reabre la discusión sobre la relación bilateral México–Estados Unidos, la soberanía nacional y la seguridad compartida frente a los riesgos del narcotráfico y sustancias altamente letales como el fentanilo.
