En el libro de texto de Física piden hacer una práctica de laboratorio con los alumnos de telebachillerato comunitario. Es un ejercicio sencillo: hay que analizar la alcalinidad de la tierra. Pero los alumnos del plantel de la comunidad de San Francisco, municipio de Altamirano, a siete horas de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, tienen problemas para hacer la práctica. No hay laboratorio ni reactivos para hacer los análisis. De hecho, apenas tienen lo mínimo indispensable para tomar las clases.
“Si apenas tenemos dos aulas de madera y lámina con piso de tierra. Solo una vez a la semana hay luz. No tenemos agua. Los alumnos conocen una computadora porque otro profesor ha traído la suya”, explica Gladys Hernández, profesora del telebachillerato.
Los telebachilleratos comunitarios eran parte central de la promesa del gobierno de Enrique Peña Nieto para ampliar la cobertura de la educación media superior y facilitar que los jóvenes de más escasos recursos tuvieran acceso a escuelas de calidad. No cumplió ni lo uno ni lo otro.
Los telebachilleratos comunitarios (TBC) se crearon en 2013 con el objetivo de ampliar la oferta educativa a los jóvenes de comunidades de menos 2,500 habitantes y donde no hubiera una preparatoria en 5 kilómetros a la redonda. Emilio Chuayffet, entonces secretario de Educación, prometió que al final del sexenio habría 7 mil 500 TBC en todo el país. Cinco años después apenas hay 3 mil 310.
De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) a través de Transparencia, en el ciclo escolar 2012-2013 había 99 mil 787 localidades de menos de 2 mil 500 habitantes sin una escuela de educación media superior en un rango de 5 kilómetros a la redonda. 3 mil 310 TBCs cubren apenas 3 % de ese total.
Tampoco se logró llevar educación de calidad a los más desprotegidos. Los alumnos de los TBC tienen los peores resultados en la prueba PLANEA. Más del 80 % de ellos no puede hacer operaciones con fracciones ni con variables. El 60 % no es capaz de comprender un texto complejo.
Cristian Solórzano, director de la Oficina de Apoyo a Proyectos Institucionales y experto en Educación de El Colegio de México (Colmex) es contundente: “¿Qué se puede esperar si se les da un servicio educativo pauperizado? Como la estrategia fue política (para cumplir la promesa de la cobertura a los más necesitados) optaron por los TBC, la opción más barata. No importó que con ellos se siga reproduciendo la desigualdad”.
Sylvia Ortega, subsecretaria de Educación Media Superior de la SEP, reconoce que los telebachilleratos tienen las peores condiciones de infraestructura y equipo. Ella misma confirma que solo 18 % tiene instalaciones propias. 54 %, mobiliario escolar adecuado. 94 %, luz. Y sólo 19 % tiene conectividad.
Pero justifica afirmando que es una modalidad nueva, y le traslada el reto de hacer las mejoras a la administración de Andrés Manuel López Obrador. “Ya se han recogido las recomendaciones del Instituto Nacional de la Evaluación Educativa (INEE) –dice Ortega– ya hay una ruta de atención que la siguiente administración decidirá cómo sigue para lograr que el TBC cumpla con lo que dijimos que debe lograr: acceso, oportunidad, calidad”.
Los ahorros
Los telebachilleratos se constituyeron como programa federal en agosto de 2013. En la etapa piloto, en ese año, se pusieron en operación 253. Un año después, en 2014, se abrieron mil 491. Para el ciclo escolar 2017-2018 había ya 3 mil 310 en todo el país, con un total de 121 mil 491 estudiantes.
De acuerdo con información de la Secretaría de Educación Pública, en el ciclo escolar 2012-2013, la población de entre 15 y 17 años en las comunidades de menos de 2 mil 500 habitantes era de 583 mil 667 y de un millón 051 mil 487 personas de entre 18 a 24 años de edad. Los más de 121 mil estudiantes reportados en TBC representan solo 7.4 % de ese total.
Como en 2013 se arrancó solo una fase piloto, el gobierno toma como arranque real el 2015. En la página de la Dirección General de Bachillerato (DGB) de la SEP se registra que de la generación 2015-2018 se graduaron de los TBC solo 27 mil 179 estudiantes.
La administración de Peña Nieto ha ahorrado en estos centros por donde ha podido. De acuerdo con información proporcionada vía Transparencia, de 2015 a 2017 se autorizaron 2 mil 898 millones 752 mil 233 pesos de presupuesto para telebachilleratos comunitarios. Eso quiere decir que si en 2017 había 3 mil 032, el gasto promedio en cada plantel fue de menos de un millón de pesos.
Eso es factible, porque el gobierno federal solo se encarga de cubrir los sueldos de los tres profesores de cada plantel, durante el primer año. Al segundo año es 50 % presupuesto federal y 50 % presupuesto del gobierno estatal. Lo demás corre por cuenta de la comunidad.
“Se le ha transferido el costo de la educación a quienes menos tienen. Así es desde preescolar y primaria con los servicios ofrecidos a través del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE)”, dice Solórzano.
Para el gobierno, los alumnos de telebachillerato comunitario son los más baratos de todo el sistema de media superior. En 2017, cuando el presupuesto para ese año de TBC fue de 954 millones 830 mil 824 pesos, se reportó que había 120 mil 002 alumnos. El gasto por cada uno fue entonces de 7 mil 956 pesos. En cambio, la UNAM reportó que en ese mismo año gastó 48 mil 712 pesos por alumno de educación media superior. Casi siete veces más que en los de TBC.
Sin espacios para el estudio
Para no construirle planteles a los telebachilleratos se aprovechó la infraestructura de las telesecundarias. La idea era ocupar el espacio en las tardes, en contraturno. 82 % de los TBC operan en instalaciones compartidas. La convivencia no ha sido feliz.
A pesar de que los responsables del TBC han seguido los trámites estipulados por la SEP para que puedan hacer uso de las instalaciones de las telesecundarias, el problema principal ha sido que los directores de esos planteles no tienen siempre la disposición para abrir sus espacios, de acuerdo con un estudio del INEE.
Por lo general, los directivos consideran que ponen en riesgo la integridad de sus instalaciones, del mobiliario y de los materiales con los que cuentan.
“Ésta es la tercera instalación en la que estamos. La primera nos la prestó la comunidad. Estudiamos ahí un ciclo. Como creció la matrícula nos tuvimos que mover. Nos pasamos a una bodega. No teníamos baño. Nos lo prestaba una vecina. Al siguiente ciclo nos fuimos a otra casa”, contó un responsable de TBC de Veracruz para el informe del INEE.
Cuando sí conviven telebachillerato y telesecundaria, los estudiantes de un nivel y otro se acusan de causar desperfectos o de robar material. Con tanto conflicto los preparatorianos no sienten los planteles como propios.
En el reporte del INEE aparece el testimonio de un estudiante de TBC de Morelos sobre cómo le gustaría que fuera su escuela. “Que estuviéramos aparte, no aquí, porque luego los maestros de telesecundaria son muy delicados, que si les falta algo se enojan con nosotros y quieren que lo paguemos”.
Además de los problemas de espacio, los planteles tienen carencia de mobiliario e infraestructura. Los mesa-bancos se consiguen por donaciones. No hay laboratorios ni bibliotecas.
Del trabajo en el plantel y los servicios, lo que no hacen los docentes lo hace la comunidad. Cada TBC tiene un comité de padres. Su principal tarea es obtener recursos económicos.
“Acá en Delgado de Arriba (municipio de Comonfort, Guanajuato), los papás pusieron una tiendita. Venden alimentos sencillos en el receso. Las ganancias son para comprar escobas, trapeadores o para los pasajes de alguna salida de los muchachos”, cuenta en entrevista Erasto, profesor de TBC de ese estado.
Los docentes peor pagados
Las reglas de operación de los TBC dicen que durante el primer año el gobierno federal se encargará del pago de tres docentes. Al segundo año el gobierno del estado deberá pagar 50 % de esos sueldos y de los costos de operación.
Uno de esos tres docentes es también responsable del centro. “Aquí tú eres la encargada de becas, de control escolar, eres la psicóloga, la enfermera, la mamá, el papá… no tengo a alguien que me ayude. No, yo hago todo”, confirmó una encargada de un TBC en Sonora para el informe del INEE.
La mayor parte de estos encargados no están capacitados en gestión directiva y como cada plantel se organiza como puede, el funcionamiento depende de qué tan bien se lleven los tres docentes. Si hay conflicto eso será un problema más.
Sólo 89 % de los profesores de estos centros tiene licenciatura. Su edad promedio es de 32 años. Cada uno se encarga no de una materia o un grado, sino de un área completa para los diferentes semestres: Matemáticas y Ciencias Experimentales, Ciencias Sociales y Humanidades y Comunicación.
Les toca impartir asignaturas en las que no son expertos. “Cuando llegué aquí participé para el examen de Matemáticas. No me imaginé que iba a dar clases de Salud, de Biología. No me imaginaba dando esas clases. Fue extraño y sí me pusieron a parir cuates”, confesó para el INEE una profesora de Telebachillerato de Veracruz.
Gabriela De la Cruz –investigadora de Equidad educativa del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM– dice que tres docentes no bastan. “Si a los profesores se les complica dar una asignatura, imagina cuando deben dar clases por área y en diferentes semestres”. Y aunque se supone que hay televisión educativa, videos y libros, “en comunidades donde no hay luz o no hay internet, como en la mayoría de las escuelas, ¿cómo le hacen?”.
Los profesores de los TBC tienen las peores condiciones laborales. Están bajo el esquema de honorarios y no tienen prestaciones. Solo en algunas entidades les dan acceso a los servicios públicos de salud.
Erasto, el profesor de TBC de Guanajuato, dice que gana 8 mil pesos al mes, pero está por honorarios y debe firmar un nuevo contrato cada seis meses. No tiene prestaciones. “Apenas nos acaban de pedir que nos afiliemos al seguro”.
Hay estados donde están mucho peor. “No firmé un contrato. Solo una cosa que le llaman hoja de presentación. Ahí dice que somos docentes voluntarios. Un abogado me confirmó que eso no sirve para una demanda. No tengo ninguna prestación, ni siquiera seguro médico. De septiembre de 2017 a mayo pasado solo me estuvieron pagando 50 % de mi sueldo. Solo la parte que le corresponde saldar al gobierno federal. El gobierno del estado no nos estaba pagando”, cuenta Gladys.
La entidad que menos gasta en sus profesores de telebachillerato comunitario es Nuevo León. De acuerdo con la información proporcionada vía transparencia y datos del INEE, del presupuesto federal asignado de 2015 a 2017, ese estado gastó 257 mil 062 pesos en cada docente de TBC. Mientras en San Luis Potosí, la suma llegó a un millón 21 mil 356 pesos por cada maestro.
Resultados a la baja
Los resultados de los estudiantes de TBC en la prueba Planea 2017 son los peores de todo el país. En lenguaje y comunicación, 60.8 % se encuentra en el nivel de logro I. No pueden comprender textos extensos y complejos, ni identificar el proceso de investigación para construir conocimiento. El promedio nacional en ese nivel es de 33.9 % y en el bachillerato autónomo (prepas de la UNAM o la UAM) es de 20.4 %.
En matemáticas, 81.6 % de los alumnos de TBC tiene nivel de logro I. Se les dificulta realizar operaciones con fracciones y las que combinen incógnitas o variables. En ese nivel de logro se ubica el 66.2 % del promedio nacional. En las prepas autónomas, 52 % tiene ese resultado.
Las malas condiciones del nivel preparatoria, no son el único problema. El atraso en los aprendizajes es acumulativo en los estudiantes de TBC. La mayoría viene de primarias multigrado y de telesecundarias donde el nivel académico es bajo. El idioma es otro problema. 13.6 % de los alumnos de TBC no tiene el español como primera lengua y aunque lo entienden prefieren no hablarlo, les da pena.
“Yo entiendo el tojolabal –dice Gladys– que es el idioma de aquí de la comunidad. Los muchachos me preguntan en tojolabal y yo les contesto en español. Así nos entendemos. Muchos vienen y me preguntan también de otras materias y les ayudo, porque como los otros profesores no entienden su lengua, prefieren no preguntarles”.
¿Cuál debería ser la estrategia?
En lugar de darle la educación más pobre a los más desfavorecidos y reproducir la desigualdad, dice la investigadora de la UNAM, Gabriela De la Cruz. “A quienes menos tienen se les debe ofrecer más, tanto en recursos económicos como en instalaciones, en formación y actualización docente y en oferta complementaria a la formación escolar para compensar sus deficiencias de origen social y cultural”.
Cristian Solórzano, consultor en educación de El Colmex, considera que sería mejor contemplar otros modelos de atención, como el de Australia, donde en lugar de llevar la escuela a los alumnos de cada comunidad, se les trasladan a los centros ya consolidados en infraestructura y personal. “Se podría garantizar el transporte gratuito para todos, y aprovechar la infraestructura que en muchas localidades se ha construido”.
La subsecretaria de Educación Media Superior de SEP, Sylvia Ortega, dice que lo que se requiere es apoyo para fortalecer las condiciones actuales de los TBC, como reorganizar su operatividad e incorporarlos a los cuerpos colegiados que son el gobierno de la media superior, como las comisiones estatales, donde hasta ahora no participan.
Además, hay que incrementar la inversión, fortalecer las condiciones laborales de los docentes, capacitarlos en la práctica y a los responsables en funciones directivas. Evaluar la calidad de los programas y planeaciones pedagógicas. Asegurar instalaciones adecuadas (aulas, sanitarios, biblioteca y laboratorio), explica. Y formalizar los programas de apoyo a los estudiantes.
¿Por qué no se pudo avanzar en este sexenio en esos puntos?, se le pregunta.
– Porque esto empezó en 2013. Lleva tres ciclos escolares. Creció muy velozmente. No se pudo avanzar porque recién estamos reconociendo que estos son los rasgos que se deben fortalecer. Ahora hay que decirles: oigan no, no son de última categoría, no son de tercera. Son una opción y si no los fortalecemos y resolvemos estos problemas, que básicamente son de inversión, sí se van a hacer de tercera.
Van entonces 131 mil estudiantes de los estratos más desfavorecidos que fueron un ensayo fallido de inclusión, durante este sexenio, en la educación media superior del país.