La Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) tiene la hipótesis que, al recibir dinero en efectivo para apoyar o financiar campañas, ese circulante es empleado para compra del voto y pagar la movilización a mítines, por lo que no deja rastro e impacta en el resultado de los procesos eleccionarios.
Consejeros electorales adelantaron que demandarán al Congreso mayores herramientas de fiscalización a fin de detectar el dinero en efectivo a campañas políticas.
El INE indicó que hay alto riesgo de que ese tipo de financiamiento pueda provenir del crimen organizado o entes prohibidos.
Los partidos políticos sólo pueden realizar operaciones en efectivo menores a 90 UMAS, equivalente a unos 10 mil pesos, por lo que cifras superiores a ese monto deben ser realizadas por transferencia o cheque para que el INE le siga el rastro.
Por ejemplo, se advierte, algunas empresas “pagan compensaciones” en efectivo a candidatos para que les ayuden a entrar a la lista de proveedores del Instituto a fin de que, durante las campañas, puedan ganar contratos de partidos.
Auditores del INE están facultados para acudir a los mítines de candidatos y partidos, pero pedirán que les permitan ampliar su campo de acción para detectar trampas o entrega de “dádivas”.
