Después de más de tres años tras las rejas, el exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, dejó el Penal del Altiplano gracias a una decisión judicial que ha desatado una fuerte polémica. Acusado de torturar a la periodista Lydia Cacho en 2005, Marín obtuvo la medida de arresto domiciliario, lo que ha provocado reacciones encontradas en la opinión pública y en el ámbito legal.
El pasado 10 de agosto, la jueza Angélica Carmen Ortuño Suárez, del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, revocó la prisión preventiva justificada que mantenía al exmandatario tras las rejas. Según la jueza, Marín no representa un riesgo para la periodista ni para la justicia, lo que permitió que enfrentara su proceso penal desde la comodidad de su hogar.
Este giro en el caso fue recibido con preocupación por parte de Lydia Cacho y su equipo legal, quienes temen por su seguridad. En un pronunciamiento hecho a Infobae México, la abogada de Cacho expresó que, aunque no hay confirmación oficial del traslado de Marín a su domicilio en Puebla, la orden fue clara y se esperaba que fuera ejecutada de inmediato.
La organización Artículo 19 también se pronunció sobre la decisión, señalando que, si bien la prisión preventiva oficiosa puede violar derechos humanos, en este caso existen pruebas suficientes que indican riesgos tanto de fuga como de represalias contra la víctima. Lydia Cacho, por su parte, utilizó sus redes sociales para advertir que Marín sigue siendo una amenaza para ella, su familia y su equipo legal, y responsabilizó a la jueza de cualquier incidente que pudiera ocurrir.
A pesar de la gravedad de las acusaciones que enfrenta Mario Marín, la jueza Ortuño Suárez permitió su resguardo en su domicilio, con la condición de pagar una multa de 100 mil pesos, además de otras medidas restrictivas, como la prohibición de salir del país o acercarse a Lydia Cacho. Asimismo, el exgobernador deberá portar un brazalete electrónico y permanecer bajo constante vigilancia.
