En medio de una nueva jornada de protestas de normalistas frente a Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó personalmente recibir a los padres y madres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
LE PREGUNTAN A AMLO
Durante la conferencia matutina de este miércoles, en la que el ambiente estuvo cargado de nerviosismo. Debido a las protestas, el mandatario fue cuestionado sobre si estaría dispuesto a dialogar con los familiares de los desaparecidos desde 2014.
López Obrador respondió que no recibiría a los padres ese día, pero aseguró que el subsecretario de Gobernación los atendería. Sin embargo, anunció que sería en unos 15 o 20 días cuando él personalmente los recibiría. Con el objetivo de informarles sobre presuntas manipulaciones en la investigación para proteger a ciertas personas.
“Los va a atender el subsecretario de Gobernación”, dijo el presidente, al ser cuestionado sobre si él mismo los recibiría.
Explicó que está analizando la situación y dirigiendo las acciones pertinentes. Pero destacó que hay una actitud de confrontación y provocación por parte de ciertas organizaciones y asesores que rodean a los padres. Lo cual dificulta el diálogo directo.
En lugar de ello, López Obrador envió un mensaje a los padres y madres de los normalistas desaparecidos, asegurando que se están avanzando en las investigaciones y que está comprometido con la verdad. Sin embargo, señaló que están siendo manipulados por ciertos grupos políticos y conservadores que buscan desestabilizar su gobierno.
REITERA COMPROMISO
Con apenas siete meses restantes en su sexenio, el presidente reiteró su compromiso con la verdad y con encontrar a los jóvenes desaparecidos, pero subrayó que su gobierno no cederá ante provocaciones. Destacó que el objetivo es esclarecer los hechos y no permitir que intereses políticos oscuros manipulen la búsqueda de justicia.
Cabe recordar que López Obrador asumió el control de la investigación sobre el caso Ayotzinapa hace algunos meses. Y ahora espera reunirse con los padres en un plazo de dos o tres semanas, cuando asegure tener más pruebas sobre las presuntas manipulaciones en el proceso de búsqueda y justicia para los desaparecidos.
