Diputados de Oposición advirtieron que los lineamientos sobre los derechos de las audiencias presentados por el Ejecutivo federal contienen disposiciones ambiguas que abren la puerta para que la autoridad se convierta en un censor represivo, algo que, advirtieron, no se le ocurrió ni a Victoriano Huerta.
Por su parte, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) advirtió que los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias representan riesgos de regresión democrática y afectaciones a la libertad de expresión.
Además, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) advirtió que la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular los derechos de las audiencias en radio y televisión vulnera la libertad de expresión y abre la puerta a la censura.
En su comunicado, la JUFED sostuvo que intervenir en pautas editoriales y operativas de los medios constituye una extralimitación que vulnera de manera directa el artículo 6 de la Constitución.
Por su parte, los radiodifusores señalaron que las disposiciones elaboradas por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) son ambiguas y abren la puerta a la discrecionalidad del Gobierno, al permitirle definir qué contenidos pueden considerarse como información falsa o descontextualizada.
“Entendemos que la posición del CRT no es una de censurar, pero hay temas que preocupan y que, para evitar riesgos de una regresión democrática y a la libertad de expresión, habría que corregir y definir con pulcritud”, indicó.
La postura surge tras la presentación del anteproyecto por parte de la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, quien planteó regular el derecho de las audiencias mediante diversos mecanismos actualmente en consulta pública.
A su vez, para la JUFED, someter la labor informativa a criterios burocráticos e interpretaciones discrecionales del gobierno desincentiva el periodismo de investigación, fomenta la autocensura y debilita el equilibrio de poderes. En el comunicado, la asociación señaló que la regulación informativa podría convertirse en un instrumento de fiscalización y control político.
Entre los principales señalamientos, la CIRT destacó el esquema de sanciones, ya que se contempla imponer multas de hasta el 1 por ciento de los ingresos anuales de concesionarios y programadores por cada supuesta falta informativa, lo cual, advirtió, no está previsto en la legislación vigente.
“Esto, cuando la ley de la materia sólo impone multas en dos supuestos: no designar defensor de audiencias y no emitir códigos de ética. Con ello se pretenden imponer sanciones al margen de la ley”, sostuvo.
Asimismo, el organismo cuestionó la creación de un “recurso de inconformidad” que permitiría al Gobierno revisar las resoluciones de los defensores de las audiencias, lo que podría derivar en que la autoridad determine qué contenidos pueden difundirse.
También alertó sobre la posibilidad de que se admitan quejas anónimas, lo que podría abrir espacios a presiones contra periodistas mediante denuncias falsas o fabricadas.
La CIRT informó que realizará un análisis con sus mil 200 estaciones afiliadas para definir una postura conjunta que será presentada en la consulta pública.
El organismo consideró positivo que se haya abierto este proceso para revisar y ajustar los lineamientos, en medio del debate sobre el alcance de la regulación en materia de audiencias en México.
