Los asesinatos de periodistas están sorprendiendo por su mortífera cadencia en México, un país acostumbrado a enterrar a un promedio de 100 personas al día por violencias de toda clase sin apenas conmoción pública; ya van nueve periodistas ejecutados en lo que va de año.
- José Luis Gamboa Arenas: Veracruz, Veracruz, 10 de enero
- Margarito Martínez Esquivel: Tijuana, Baja California, 17 de enero
- Lourdes Maldonado: Tijuana, Baja California, 23 de enero
- Roberto Toledo: Zitácuaro, Michoacán, 31 de enero
- Marco Ernesto Islas Flores (retirado): Tijuana, Baja California, 6 de febrero
- Heber López: Salina Cruz, Oaxaca, 10 de febrero
- Jorge Luis Camero: Empalme, Sonora, 25 de febrero
- Juan Carlos Muñiz: Fresnillo, Zacatecas, 4 de marzo
- Armando Linares: Zitácuaro, Michoacán, 15 de marzo
El patrón se repite: periodistas locales que arriesgan su vida contando la corrupción y los enormes desajustes del poder político y económico en sus regiones o municipios. Ningún caso ha sido resuelto, por lo que al problema de la violencia contra comunicadores, se suma el de la impunidad.
La polémica que se ha generado tras la respuesta del presidente Obrador, en la que llamó “borregos” a los diputados del Parlamento Europeo luego de que hicieran un llamado a México a garantizar la protección a periodistas y activistas, ha dejado de lado el grave problema del asesinato de comunicadores en el país.
La organización Artículo 19, una de las que documentan la matanza de periodistas en México, señala que la responsabilidad del 40% de los asesinatos recae en funcionarios públicos, es decir, alcaldes, jefes de seguridad del municipio, policías, militares y uniformados de cualquier cuerpo.
