Pese a que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, exhortó a los alcaldes del país a permitir libre tránsito en sus municipios, al menos 283 de ellos, en 20 estados, pusieron “muros” y cerraron sus fronteras a foráneos para inhibir la propagación del COVID-19.
Entre las acciones que las localidades emprendieron desde el inicio de la pandemia, están la colocación de retenes, filtros sanitarios e incluso la obstaculización de caminos con piedras o camiones de carga por órdenes de los ediles.
En Guerrero, se tienen contabilizadas 171 comunidades de 71 municipios, que bloquearon sus fronteras para inhibir el acceso y salida de ciudadanos. En Oaxaca hay registradas 50 localidades bloqueadas, mientras que Veracruz cuenta 78 municipios aislados. Yucatán y Quintana Roo tienen 15 comunidades bloqueadas en sus límites fronterizos.
Los cierres de los municipios son tomados autónomamente por los pobladores, sin que hasta el momento haya una orden de parte de los gobernadores para permitir el bloqueo del libre tránsito.
Entre los casos más recientes está el de los habitantes de las comunidades de Azinyahualco y Zoyatepec, en Guerrero, que se aislaron del resto de la entidad.
Estos pueblos, enclavados en la sierra de Chilpancingo, acordaron impedir el acceso de toda persona externa para evitar contagios de COVID-19, por lo que, desde el lunes pasado, en las entradas de Azinyahualco fueron colocados letreros advirtiendo de esta restricción que va dirigida, incluso, a quienes son originarios del pueblo pero trabajan en Chilpancingo.
También el municipio de San Pedro Garza García, en Nuevo León, considerado el más rico del país, anunció la instalación de filtros en los accesos a la comunidad y se declaró en Fase 4 de operación de la pandemia por el coronavirus.
Policías municipales van a tomar la temperatura de los automovilistas y preguntarles sobre la razón por la que entran al municipio y, si no son residentes, se les va a solicitar una carta que confirme su actividad esencial; en caso de no tenerla, se les pedirá que se retiren.
Tras el inicio de la Fase 3, al menos 13 gobiernos estatales endurecieron las medidas sanitarias, con castigos que van desde multas y prisión a quienes infrinjan el confinamiento o difundan noticias falsas
