Lo que fue presentado como uno de los mayores golpes contra el huachicol en México abrió ahora un nuevo frente: la disputa sobre la legalidad y propiedad de los 59 millones de litros de combustible asegurados en una terminal de San José Iturbide, Guanajuato.
El operativo, anunciado el 17 de septiembre por autoridades federales y estatales, derivó en el aseguramiento de aproximadamente 59 millones de litros de gasolina regular, gasolina Premium y diésel. A, además de tanques de almacenamiento, unidades de carga, contenedores y documentación.
Sin embargo, Grupo SIMSA, operador de la terminal mediante Gas Natural del Noroeste, rechazó que la empresa sea propietaria del combustible o que sus instalaciones funcionen de manera irregular.
La compañía sostiene que su terminal cuenta con permisos federales, estatales y municipales, y que su actividad consiste en almacenar petrolíferos propiedad de empresas usuarias.
La controversia dejó una pregunta central todavía sin respuesta: ¿los 59 millones de litros tienen un origen ilícito o se trata de combustible legal almacenado para terceros?
SIMSA: “EL COMBUSTIBLE NO ES NUESTRO”
Gas Natural del Noroeste, empresa perteneciente a Grupo SIMSA, afirmó que la terminal de San José Iturbide opera bajo un permiso de almacenamiento de petrolíferos vigente y que cuenta con las autorizaciones ambientales, de seguridad industrial y ferroviarias correspondientes.
La empresa también señaló que dispone de permisos estatales y municipales, entre ellos uso de suelo, licencia de funcionamiento y autorizaciones de Protección Civil y Medio Ambiente.
Con base en esos documentos, SIMSA sostiene que la operación de la terminal es lícita y verificable.
El punto central de su defensa es que la compañía no sería propietaria del hidrocarburo asegurado.
Según su versión, la terminal presta un servicio de recepción y almacenamiento para empresas que son propietarias del producto y que cuentan, a su vez, con permisos para operar en el sector energético.
Por ello, la existencia de combustible dentro de sus tanques no demostraría por sí misma que SIMSA sea dueña del producto ni que éste tenga un origen ilegal.
LA FGR MANTIENE ABIERTA LA INVESTIGACIÓN
La Fiscalía General de la República sostiene una posición distinta respecto al estado de la investigación.
La dependencia informó que, hasta el momento, no ha recibido de todas las empresas relacionadas la documentación suficiente para acreditar de manera completa la licitud del origen, manejo y destino del combustible localizado.
Ante la complejidad del caso, la carpeta fue atraída por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).
La investigación contempla revisar documentos, entrevistar a directivos y verificar la propiedad, operación, trazabilidad financiera y fiscal de los hidrocarburos.
Esto significa que, por ahora, la autoridad no ha establecido judicialmente que los 59 millones de litros sean combustible robado o de procedencia ilícita.
Lo que existe es un aseguramiento y una investigación abierta para determinar su origen y legalidad.
UN ASEGURAMIENTO DE 59 MILLONES DE LITROS
Las autoridades reportaron que en la comunidad de La Fragua, en San José Iturbide, fueron localizados aproximadamente 59 millones de litros de hidrocarburo.
El volumen incluye, según la información oficial difundida, alrededor de:
- 33.5 millones de litros de gasolina regular.
- 7.26 millones de litros de gasolina Premium.
- 18.26 millones de litros de diésel.
También fueron asegurados diez tanques de almacenamiento, tres unidades de carga, contenedores y documentación relacionada con la investigación.
La magnitud del aseguramiento generó que autoridades lo presentaran como un golpe de gran relevancia contra las redes de tráfico y almacenamiento ilegal de hidrocarburos.
Pero la investigación posterior introdujo matices importantes.
UNA TERMINAL CLAVE PARA EL BAJÍO
La instalación no es un punto menor dentro de la cadena de distribución de combustibles.
De acuerdo con información difundida por SIMSA y análisis citados en medios, la terminal comenzó operaciones en 2017 y tiene relevancia logística para el abastecimiento de combustible en el Bajío.
La empresa también recordó que Pemex utilizó sus instalaciones para almacenar su primera importación de diésel por ferrocarril en 2017 y que la terminal tuvo un papel durante la crisis de suministro de combustibles de 2019.
Su ubicación y capacidad convierten cualquier investigación sobre la instalación en un asunto con implicaciones que van más allá de una empresa particular.
EL DATO QUE CAMBIA LA HISTORIA
Uno de los elementos que genera mayor controversia es que el combustible estaba almacenado en una terminal que, según SIMSA, presta servicios a terceros.
Por ello, la investigación debe establecer no sólo si el producto tenía documentación, sino también quién era su propietario, de dónde provenía, quién lo comercializaba y cuál era su destino.
La propia FGR señaló que está revisando precisamente esos aspectos.
Mientras esa información no quede acreditada, no resulta jurídicamente correcto presentar los 59 millones de litros como combustible robado de manera definitiva.
SIN DETENIDOS POR EL ASEGURAMIENTO
Otro elemento que ha llamado la atención es que el operativo no derivó, hasta ahora, en la presentación pública de personas detenidas por la posesión o comercialización de los millones de litros asegurados.
La investigación, según la información disponible, continúa enfocada en reconstruir la cadena de propiedad y trazabilidad del combustible.
El caso se originó en una investigación iniciada meses atrás a partir del aseguramiento de una pipa cuyo cargamento no pudo acreditar inicialmente su procedencia. Esto, de acuerdo con la información difundida por la FGR.
UN CASO QUE AÚN NO ESTÁ CERRADO
La disputa entre la versión oficial y la postura empresarial deja un escenario abierto.
Por un lado, las autoridades aseguran que encontraron 59 millones de litros cuyo origen legal no había sido acreditado plenamente y mantienen una investigación para determinar si existe una red relacionada con el robo, contrabando o comercialización ilegal de hidrocarburos.
Por otro, SIMSA afirma que la terminal es legal, que cuenta con permisos y que el combustible pertenece a sus clientes, no a la empresa operadora.
Ambas cuestiones pueden coexistir: una terminal puede contar con permisos para almacenar combustible y, al mismo tiempo, las autoridades pueden investigar si determinado producto almacenado tiene un origen irregular.
Por ello, el punto decisivo será la documentación que permita reconstruir la ruta del combustible desde su origen hasta los tanques de San José Iturbide y posteriormente hacia sus destinatarios.
Hasta que esa revisión concluya, el llamado “decomiso histórico” permanece bajo investigación y la legalidad de la totalidad del hidrocarburo no está jurídicamente definida.
