El Gobierno federal anunció un acuerdo de colaboración con las plataformas digitales TikTok, Google y Meta para fortalecer las acciones contra la violencia digital dirigida a las mujeres en México.
La iniciativa, presentada este 11 de marzo durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, busca establecer mecanismos de coordinación con las empresas tecnológicas para prevenir agresiones en línea, retirar contenidos violentos y mejorar las herramientas de denuncia dentro de las plataformas.
Aunque el acuerdo es de carácter voluntario, el Gobierno lo considera un primer paso para enfrentar un problema que, según cifras oficiales, ha ido en aumento en los últimos años.
CRECE LA VIOLENCIA DIGITAL EN MÉXICO
Durante el anuncio, la titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, presentó datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) que evidencian la magnitud del problema.
En 2024, 18.9 millones de personas en México fueron víctimas de ciberacoso, de las cuales 10.6 millones eran mujeres.
Además, el fenómeno ha mostrado un crecimiento sostenido: en los últimos cuatro años, las víctimas pasaron de 16.1 millones a 18.9 millones, lo que refleja el aumento de la violencia en entornos digitales.
Ante este escenario, el Gobierno busca trabajar con las plataformas tecnológicas para fortalecer las políticas de moderación y mejorar la atención a las denuncias.
UN ACUERDO VOLUNTARIO, PERO CON SEGUIMIENTO
La presidenta Sheinbaum señaló que el convenio permitirá establecer un canal de comunicación permanente entre la Secretaría de las Mujeres y las empresas tecnológicas.
“El objetivo es ir atendiendo los casos y que las plataformas, a través de estos protocolos, puedan bajar imágenes o publicaciones que violenten a una mujer”, afirmó.
De acuerdo con el Gobierno federal, el acuerdo no impone obligaciones legales directas a las compañías, pero abre una ruta de cooperación para atender la violencia digital mediante protocolos compartidos.
NUEVE ACCIONES DE PREVENCIÓN
El acuerdo contempla nueve acciones orientadas a la prevención, entre ellas:
- Revisar y fortalecer las normas de convivencia en redes sociales.
- Elaborar y difundir una Cartilla de seguridad digital.
- Impulsar campañas educativas dirigidas a creadores de contenido.
- Promover la denuncia y el reporte de conductas violentas.
- Desarrollar campañas informativas en entornos digitales.
- Fortalecer herramientas y políticas para prevenir agresiones.
- Sensibilizar a usuarios sobre violencia digital.
- Capacitar al ecosistema de creadores de contenido.
- Mantener mesas de diálogo permanentes entre gobierno y plataformas.
El enfoque, explicó Hernández, busca no solo sancionar contenidos violentos, sino también prevenir que ocurran mediante educación digital y cambios culturales en línea.
OCHO MEDIDAS PARA ATENDER CASOS
El acuerdo también establece ocho acciones de atención directa, enfocadas en mejorar la respuesta ante denuncias de violencia digital.
Entre ellas destacan:
- Activar medidas inmediatas para atender casos reportados.
- Crear guías para denunciar contenidos y usar herramientas de protección.
- Fortalecer los sistemas de reporte dentro de las plataformas.
- Vincular los mecanismos de denuncia con autoridades.
- Generar rutas de atención con especialistas y organizaciones civiles.
- Abrir mesas de trabajo con academia y expertos en derechos digitales.
- Mejorar la coordinación institucional.
- Integrar la participación de víctimas y activistas en el diseño de estrategias.
La secretaria subrayó que la experiencia de quienes han sufrido violencia digital será clave para fortalecer las políticas de atención.
RETOS Y AUSENCIAS
Aunque representantes de las plataformas estuvieron presentes durante el anuncio, no emitieron declaraciones públicas, debido a sus políticas internas de comunicación.
La ausencia de posicionamientos directos deja preguntas abiertas sobre el alcance real del acuerdo, especialmente en temas como la rapidez para retirar contenido violento, la transparencia en los procesos de moderación y la protección efectiva de las víctimas.
Especialistas han señalado que, si bien la colaboración con las empresas tecnológicas es necesaria, los acuerdos voluntarios pueden resultar limitados si no se traducen en mecanismos claros de rendición de cuentas.
