Luego de darse a conocer que la trasnacional Mars Inc. presuntamente extrajo de México una especie de maíz nativo de Oaxaca, para explotar su potencial comercial, todo esto sin autorización gubernamental, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI) ordenó a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (Sagarpa) que “asuma competencia” y presente públicamente toda documentación vinculada a este presunto caso de piratería de recursos genéticos.
En agosto pasado, un equipo científico conformado por las universidades estadounideses Davis de California y Winsconsin-Madison, así como por la trasnacional Mars Inc., reportó que hace doce años (en 2006) extrajo de México muestras de un tipo de maíz desarrollado por los pueblos indígenas de la Sierra Mixe, para aislar sus características genéticas y explotarlas comercialmente.
Sin embargo, la autorización para obtener estas muestras no fue solicitado por Mars Inc. sino hasta 2015, es decir, nueve años después de que el maíz mixe fue extraídas de México y sólo hasta que fue reproducido con éxito en Estados Unidos, tal como informaron las autoridades federales al ser consultadas por Animal Político.
Cabe destacar que las leyes mexicanas imponen diversos requisitos a los equipos científicos que se proponen obtener muestras de recursos biológicos o genéticos nacionales, y el primero de ellos es obtener un permiso de forma previa al levantamiento de muestras.
El reporte del equipo científico patrocinado por Mars Inc., mediante el cual quedó en evidencia este presunto caso de piratería genética, destaca que este tipo de maíz (desarrollado por los pueblos indígenas de Oaxaca mediante procesos ancestrales de selección de semilla) no requiere agroquímicos para su producción, por lo que puede considerarse como el “santo grial” de la industria agroalimentaria mundial.
En septiembre pasado, cuando Animal Político solicitó a la Sagarpa copia de toda la documentación mediante la cual Mars Inc. y las universidades estadounidenses comprobaron haber cumplido con los requisitos impuestos por la ley para obtener las muestras del maíz de la Sierra Mixe, dicha dependencia se declaró incompetente para atender el tema.
No obstante, luego de analizar esa negativa, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública no sólo determinó que la Sagarpa sí es sujeto obligado en esta materia, sino que “omitió realizar una búsqueda exhaustiva” de los documentos que sustenten la legal extracción del país de las muestras de maíz mixe.
“Este asunto –señaló la ponencia aprobada el pasado 7 de noviembre por el INAI–, sin duda es socialmente relevante, porque permitirá conocer públicamente si la investigación realizada en la Sierra Mixe de Oaxaca cumplió con los requisitos previstos en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental, sobre todo en lo que se refiere a la protección de los derechos de los pueblos originarios que residen en esa localidad.”
El INAI destacó que entre los requisitos que debieron haberse cumplido, de forma previa al levantamiento de muestras, está el contar con “consentimiento previo expreso e informado” de los pueblos indígenas de la Sierra Mixe, obtenido mediante “consulta” a las comunidades indígenas involucradas, que en este caso son los 17 municipios indígenas que conforman la Sierra Mixe.
Asimismo, los ordenamientos legales internacionales suscritos por México obligan a que en estos procedimientos se garantice a los pueblos indígenas un reparto justo y equitativo de las ganancias que se obtienen por la explotación de los recursos genéticos de sus territorios ancestrales.
Aunque Mars Inc. y el gobierno mexicano afirman que estas disposiciones sí se cumplieron, no accedieron a presentar pruebas de la supuesta consulta realizada entre los pueblos indígenas de la Sierra Mixe, ni de que esta supuesta consulta haya sido realizada antes de la toma de muestras, en 2006.
Mars Inc. informó a Animal Político que no podía revelar qué comunidad indígena había otorgado su consentimiento para la extracción del maíz mixe, ni qué había recibido a cambio, en respeto a su “privacidad”, y las autoridades federales informaron que no conocen esa información, por tratarse de un “acuerdo entre particulares”.
Ante esta negativa a proporcionar la información sobre este presunto caso de piratería de recursos genéticos, en la ponencia aprobada por el INAI (elaborada por la comisionada Blanca Lilia Ibarra) se concluye que “resulta evidente que existe un interés público de que se transparenten las condiciones legales en las que se llevó a cabo esta investigación de los recursos genéticos, no sólo por la seguridad y la responsabilidad que debe existir en cuanto a conservación y explotación sostenible, sino que implica que se garantice el respeto a los derechos de la población indígena”.
