El Senado de la República prevé discutir este mes la iniciativa aprobada por el Congreso de Guerrero, que plantea la despenalización del cultivo, producción y comercialización de la amapola para uso medicinal, y que la Secretaría de Salud sea la encargada de fijar los requisitos y otorgar los permisos.
En la iniciativa aprobada el 17 de agosto por el Congreso Estatal, y enviada al Senado, también se plantea modificar el Código Penal para sancionar con uno y hasta seis años de cárcel a quienes cultiven o comercien amapola sin la autorización sanitaria.
Esto significa que la despenalización del cultivo y comercio de amapola sea tratado como un asunto de salud pública, como lo han planteado organismo internacionales como la ONU, y como una opción de acceso a medicamentos derivados de la amapola, como la morfina, advierte la iniciativa.
Es probable que la iniciativa sea discutida en comisiones unidas como la de Salud, Seguridad pública y tal vez Defensa Nacional, y “deberá tener un enfoque más de salud que policiaca o criminal”, aseguró el senador Félix Salgado Macedonio.
De aprobarse, esto “colocaría al país en avanzada, porque debe tratarse a los consumidores como toxicómanos y no delincuentes”, insistió el senador.
Sin embargo, advirtió en entrevista que también se debería incentivar al campo porque “los que siembran amapola en la sierra es porque no tienen más opciones, porque el gobierno los ha abandonado”.
De acuerdo con cifras de la Secretaría de la Defensa Nacional, referidas en la iniciativa, Guerrero se ha ubicado como el mayor productor de amapola en el país. “En sus 63 mil 621 kilómetros cuadrados de extensión territorial se cosecha 60% de toda la producción nacional de goma de opio”.
Por eso, dice Salgado Macedonio, la despenalización no abonaría sólo a disminuir los altos índices de violencia en el país. “Es un asunto más social, hay que ir al fondo a las causas. La amapola y la mariguana se han sembrado siempre y no existía lo que hoy (la violencia)”.
A esta iniciativa se suma la del senador priista Miguel Añorve, presentada este 9 de octubre, en la que también plantea modificaciones a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal.
La propuesta de Añorve incluye que deben tener autorización sanitaria los establecimientos dedicados al proceso y elaboración de los medicamentos que contengan estupefacientes y psicotrópicos. A los establecimientos dedicados a la aplicación de plaguicidas y a la utilización de fuentes de radiación para fines médicos o de diagnóstico.
También a “los ejidatarios, los productores rurales, las sociedades rurales, los pequeños propietarios agrícolas y cualquier otra persona física o moral que aproveche tierras parceladas o agrícolas, que participen en el proceso de los medicamentos que contengan estupefacientes y psicotrópicos”.
Las sanciones, como lo propuso el Congreso de Guerrero, serían de entre 1 y 6 años para quien produzca o comercialice amapola sin el permiso oficial.
Despenalización para la salud
La iniciativa del Congreso de Guerrero expuesta por la diputada de Movimiento Ciudadano, Magdalena Camacho, advierte que la despenalización tiene efectos directos en la salud, toda vez que la prohibición no ha logrado disminuir la oferta ilegal, ni la demanda y con una consecuencia adicional como la limitación de los medicamentos derivados del opio.
Uno de ellos es la morfina, oxicodona, fenanilo y burpenorfina, que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud resultan más eficientes que los analgésicos moderados comunes en el tratamiento del dolor moderado a intenso.
De acuerdo con la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), el consumo per cápita de medicamentos derivados del opio tiene una tendencia creciente entre 2000 y 2013, pero la disponibilidad es baja. De ahí que la solución del problema es la 57 sesión de la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas que da un enfoque sanitario para la regulación de la producción, procesamiento, distribución, venta y consumo del opio para emplearse con fines medicinales.
Por eso, dicen los diputados, es que se busca promover el acceso a medicamentos derivados del opio que atiendan la demanda en nuestro país para impactar en el mercado legal de la amapola.
