Así lo señaló el Centro Católico Multimedial (CCM) al contabilizar 25 asesinatos –17 sacerdotes, tres religiosos y cinco laicos– en diversas circunstancias, y en la mayoría con escasos avances en las indagatorias.
“El recuento trágico es motivo para acelerar un cambio de mentalidad y de las políticas que están en el desfiladero del fracaso”, subrayó.
En un comunicado, el CCM destacó que a un año de que finalice el gobierno de Enrique Peña Nieto, las promesas de seguridad para devolver la paz “fracasaron de forma estrepitosa” ante la violencia incesante.
“No se trata de víctimas colaterales, efectos inevitables de una guerra que ha puesto a las fuerzas armadas en la calle. El derramamiento de sangre es escandaloso y alcanza a policías, marinos y soldados; civiles o profesionistas. Médicos, mujeres, estudiantes, periodistas, activistas y defensores de los derechos humanos están en la mira del crimen”, apuntó.
Luego de precisar que en dos sexenios, más de 200 mil personas han sido privadas de la vida (120 mil 935 con Calderón y 114 mil 61 homicidios al 20 de noviembre de 2017, con Peña en el gobierno), subrayó que “la palabrería de los responsables en otorgar seguridad sólo justifica la pronta resolución de los casos por ilusiones y vagas justificaciones en la mente, sin llegar nunca a la justicia pronta a la que todos tenemos derecho.
“En la raíz encontramos la putrefacción del sistema entero infectado de corrupción e impunidad, dos hermanas que van de la mano”, puntualizó.
El CCM, dirigido por Omar Sotelo Aguilar, religioso de la Sociedad de San Pablo –galardonado por la mejor investigación de Derechos Humanos que otorga el Club Nacional de Periodistas–, ha dado seguimiento a lo que ha definido como “neopersecución”.
En el sexenio 2012-2018 –señaló– repuntó el número de sacerdotes asesinados, “acentuándose con otros hechos lamentables que desestabilizan la paz en general e impactan a la Iglesia católica en particular”.
De acuerdo con el organismo, los sacerdotes asesinados este año son: Joaquín Hernández Sifuentes, de la diócesis de Saltillo, asesinado en enero; Felipe Altamirano Carrillo, presbítero de la Prelatura del Nayar, victimado en marzo, y José Miguel Machorro Alcalá, presbítero de la diócesis de Papantla, quien prestaba su ministerio en la Arquidiócesis Primada de México.
Este último es “uno de los casos más emblemáticos por tratarse de una víctima que ejercía al interior del más importante recinto religioso (la Catedral Metropolitana). Machorro Alcalá murió casi dos meses después al sufrir el calvario de una penosa recuperación, que fue una agonía que resultó en trágico desenlace”.
La cuarta víctima fue el presbítero de la diócesis de Nezahualcóyotl, Luis López Villa, torturado y asesinado en julio pasado, en lo que se presume fue un robo con todas las agravantes al interior de su casa.
“Otros pudieron engrosar esta lista fatal, pero por manos de la Providencia escaparon de un destino trágico. Uno de ellos, el padre Juan Antonio Zambrano García, de la Arquidiócesis de Tijuana, repelió el ataque de un ratero, el 8 de junio. Las graves lesiones propinadas en contra del sacerdote le llevaron al hospital logrando poner a salvo su integridad física y vida”.
A lo anterior, añadió, se suman “los inauditos atentados” en contra de edificios administrativos y de culto público de la Iglesia católica en 2017.
