Recientemente, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que no asistirá al informe de labores de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la ministra Norma Lucía Piña Hernández, con quien mantiene una relación pública tensa. En su lugar, enviará a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde.
Este inusual gesto marca una desviación de la tradición, ya que en años anteriores, el titular del Poder Ejecutivo federal ha asistido regularmente a los informes de labores de la persona titular del Poder Judicial. López Obrador ha expresado en diversas ocasiones la necesidad de una reforma en el Poder Judicial para abordar lo que él considera salarios elevados y un presunto ambiente de corrupción.
Entre las propuestas de reforma que busca implementar el presidente se encuentran medidas centradas en la austeridad y la lucha contra la supuesta corrupción en el órgano judicial. Estas incluyen la reducción de sueldos de funcionarios del Poder Judicial, la eliminación de aguinaldos elevados, la terminación del seguro de gastos médicos mayores para ministros y sus familiares, la eliminación de fideicomisos, la supresión del apoyo a las gasolinas, la prohibición del uso de vehículos tipo camionetas, la eliminación de pensiones vitalicias, y la retirada de al menos 14 fideicomisos con recursos que superan los 20 mil millones de pesos.
El presidente, al cambiar de tema durante su conferencia matutina, informó que supervisará el plan de reconstrucción en Acapulco tras el paso del huracán Otis. Además, mencionó sus próximos compromisos, incluyendo una visita a Campeche para la inauguración de una parte del Tren Maya, una visita a Tamaulipas para la inauguración de un regimiento de caballería en Nuevo Laredo, y la inauguración de la Presa de Santa Maria de Sinaloa en El Rosario el próximo lunes.
