Claudia Yazmín Hernández Leyva, secretaria municipal de San Andrés Dinicuiti, denunció que fue despedida tras dar positivo a Covid-19, por lo que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), inició el procedimiento correspondiente.
Dijo que se contagió de Covid-19 cuando desempeñaba sus labores como secretaria, que le avisó a la presidenta municipal para que ella y los demás concejales tomaran sus precauciones, e inició su aislamiento –en el que continúa todavía– y aseguró que el Covid le causó afectaciones en su pulmón, por lo que requiere rehabilitación postcovid.
Destacó que tenía la intención de regresar a su trabajo como secretaria municipal luego de que se recuperara, como lo había acordado con la edil de San Andrés Dinicuiti, Remedios Pilar Pérez Cruz.
Sin embargo, informó que Pérez Cruz le informó vía telefónica a su mamá que había sido despedida. Supone que dicha acción “fue por presión e indicaciones del síndico municipal; él y otra concejal ya no me querían en ese puesto”.
Indicó que ya se encuentra un hombre en su lugar, en la Secretaría Municipal, pues de inmediato buscaron a una persona que la sustituyera, y no duda que el síndico haya presionado a la presidenta para que la despidieran, pues presuntamente tiene mucha injerencia en las y los demás concejales, ya que “el pueblo lo nombró a él como presidente, pero por paridad de género, no pudo fungir”.
Independiente de que regrese o no a su puesto, pidió que le solventen los gastos médicos que se generen y un pago que tiene pendiente del año 2020.
Al respecto, la DDHPO inició el expediente DDHPO/0013/RM/(07)/OAX/2021, luego de la queja que presentara su familia, ante la existencia de posibles violaciones a derechos humanos de la funcionaria municipal.
El organismo autónomo solicitó al Ayuntamiento de San Andrés Dinicuiti que rindiera un informe sobre los hechos señalados por la persona agraviada, así como su colaboración para respetar los derechos laborales de la misma y que se le permita reincorporarse a sus labores cuando su estado de salud se lo permita.
Pidió a la autoridad que se le garanticen sus prestaciones y beneficios sociales y que, que en caso de que exista algún procedimiento administrativo en contra de dicha persona, se le permita a ella ejercer su derecho a la defensa y se respete el debido proceso.
