La esperanza de vida en los municipios indígenas, en comparación con los no indígenas, es cuatro años menor (64 años y 68 años respectivamente), mientras que la tasa de mortalidad infantil es significativamente mayor también, con 41 defunciones de menores de un año por cada mil nacimientos.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la mortalidad materna es evitable, si las mujeres gozan de una buena atención prenatal, durante el parto y el puerperio. No obstante, en las comunidades indígenas tiene una alta prevalencia.
Los problemas de salud de las mujeres indígenas se agudizan por la desnutrición y el trabajo físico excesivo e inclusive la violencia familiar, así como por su limitado o nulo acceso a los servicios médicos.
Asimismo, si hay un grupo de población que carece de acceso a servicios educativos de calidad es el de los pueblos indígenas, que se ve afectada en mayor medida en sus derechos educativos que la no indígena.
El acceso de la población indígena a la educación es limitado, por la convergencia de factores culturales, pautas de organización regional y procesos históricos que imprimen desigualdades y diferencias en la asistencia a la escuela de niñas y niños.
El derecho a la educación –para los indígenas– se revela como un medio para salir de la exclusión y discriminación a la que han sido expuestos durante años y también como el instrumento mediante el cual se mantienen, disfrutan y respetan las culturas, idiomas, tradiciones y conocimientos.
Sin embargo, en el país una cuarta parte de la población de habla indígena se encuentra imposibilitada de ir a clases ante distintas circunstancias.
La primera de ellas está asociada a cuestiones sociales, es decir, las niñas pueden no asistir por cuestiones de prejuicios de género en la familia; le siguen las condiciones económicas, debido a que en algunos casos se privilegia el desarrollo del trabajo en el campo o el pastoreo de animales.
